​El Proyecto de Ley de Seguridad Privada, aprobado hoy en el Congreso, posibilita una nueva área de negocio en un sector que hasta ahora venía siendo ámbito exclusivo de la seguridad pública. La medida introduce más precariedad en el sector y pretende, entre otras cosas, potenciar la sustitución de trabajadores de la seguridad pública por vigilantes de seguridad. El sindicato advierte de que esta Ley ésta relacionada con otros dos Proyectos del Gobierno como la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que, unidos, forman las tres patas de la criminalización de la protesta social y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos en España. Además, lejos de garantizar una convivencia pacífica con los cuerpos de seguridad pública y la ciudadanía, este proyecto puede generar situaciones de conflictividad.

En realidad, el Proyecto de Ley hace una incursión peligrosa al revisar y abrir, lo que hasta ahora venía siendo ámbito exclusivo de la seguridad pública, a funciones y colectivos del sector privado yendo más allá de la complementariedad que, hasta ahora, se ejercía por parte de la seguridad privada.

Detrás de esta medida, se argumenta, sin acreditar, que los costes de estos cambios serán menores y generarán ahorro a las arcas públicas a costa de no cubrir ni reforzar las plantillas de los cuerpos de seguridad pública.

La Unión General de Trabajadores rechaza los contenidos de esta iniciativa por los siguientes motivos:

- El Proyecto de Ley contempla incorporar la vigilancia de la seguridad al perímetro de los centros penitenciarios, consagrando claramente, que no se trata de funciones complementarias sino de sustituir la seguridad pública.

- Se introduce más precariedad laboral al sector al contemplar una nueva figura: la del auxiliar de vigilante.

- Abre un camino distinto al que caracteriza la seguridad privada hasta ahora, como servicio complementario, al considerar a los vigilantes como agentes de la autoridad, colocándolos en el mismo plano que los agentes de la seguridad pública.

- Se anula el derecho a la huelga para el vigilante de seguridad.

- La declaración de responsabilidad como único requisito para conceder la habilitación y registro como empresas de Seguridad es absolutamente insuficiente pero también resulta un despropósito que la autorización administrativa tenga carácter indefinido.

- El Proyecto no apuesta por la Formación del colectivo, algo que el sindicato considera fundamental para los trabajadores. Educación debería establecer un itinerario curricular indispensable para adquirir las competencias necesarias para servicios de vigilancia y seguridad privadas, pero la aprobación de esta Ley va en sentido contrario y concede todo el poder a las grandes empresas en la formación y selección de los trabajadores.

Por todo ello, lejos de garantizar una convivencia pacífica con los cuerpos de seguridad pública y la ciudadanía, este proyecto puede generar situaciones de conflictividad.

Además, el sindicato advierte de que hay que relacionar esta Ley con otros dos Proyectos de Ley del Gobierno: la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que, unidos, forman las tres patas de la criminalización de la protesta social y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos en España.