​UGT y CCOO han enviado una carta al Ministerio de Justicia con el fin de trasladar sus observaciones y propuestas en materia socio-laboral al Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita​, una ley que supone la eliminación de la justicia gratuita y que limita de forma evidente e injusta la capacidad del trabajador de defenderse, sin garantizar, por tanto, su derecho a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad real.

Para ambas organizaciones, este proyecto de ley da continuidad a la ofensiva que el Gobierno del PP está dirigiendo contra los bienes y los servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, con un protagonismo especial de este Ministerio, cuya única pretensión es imponer medidas restrictivas con la excusa de la reducción del déficit público.

Por ello, exigen la necesidad de preservar el derecho de asistencia jurídica gratuita en el Orden Social, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los beneficiarios de la Seguridad Social, así como de las organizaciones sindicales y órganos de representación del personal en todas sus instancias y grados.

Además, reclaman que este derecho se dé también en el ámbito Contencioso-Administrativo en todos los procesos en que se plantean cuestiones de personal, incluyendo al personal funcionario y estatutario, o en cuestiones vinculadas con el acceso y reconocimiento a las prestaciones públicas.

Ambas organizaciones demandan también el reconocimiento de la justicia gratuita en el ámbito concursal, en relación a la intervención procesal de los trabajadores y trabajadoras o las organizaciones sindicales y órganos de representación de personal en las empresas.

Resulta inaceptable hablar de privilegio de los trabajadores en el reconocimiento del derecho constitucional a tener el amparo de los tribunales de Justicia en la defensa de sus derechos, pero lo cierto es que se están resintiendo a marchas forzadas debido a las continuas reformas legales que los vulneran sistemáticamente.

Por ello, CCOO y UGT reclaman también el derecho de asistencia jurídica de los sindicatos cuando ejerzan un interés plural de los afiliados; la obligación del pago de costas de estos, aunque tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita; el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de accidentes, para la reclamación de la indemnización por los daños y perjuicios; y la justicia gratuita a los extranjeros, entre otras cuestiones.

El Gobierno no puede dar al traste con más de un siglo de amparo a los trabajadores imponiendo tal desequilibrio en las relaciones laborales a favor de los intereses empresariales, por lo que resulta imprescindible que modifique en profundidad este proyecto de ley con el fin de no restringir al máximo el beneficio de justicia gratuita para los trabajadores y desalentar así su aspiración a reconocer su derecho mediante la vía judicial.