​Desde algunas instancias se viene planteando desde hace algunos meses –en el marco de una pretendida búsqueda de alternativas dirigidas a lograr un mayor equilibrio del sistema de pensiones que garantice la viabilidad financiera del mismo– la posibilidad de sacar la cobertura financiera de las pensiones de muerte y supervivencia (es decir, de las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de otros familiares del trabajador/pensionista fallecido) de las cotizaciones, para pasar a ser financiadas por medio de la imposición general a través de transferencias desde el Presupuesto del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

Estas propuestas de pretendida neutralidad ideológica encierran graves potencialidades para alterar en profundidad el sistema público de pensiones, afectando no solo a la naturaleza de tales prestaciones, sino también a la propia configuración del sistema. Esto iría en contra de los compromisos contenidos en el Pacto de Toledo (en su formulación inicial, así como en la reformulación de 2003 y 2011).

Lo primero que se podría decir es que resulta muy difícil comprender cómo podría el Estado aumentar sus transferencias al presupuesto de la Seguridad Social en los 20.000 millones de euros necesarios para financiar estas pensiones. La única forma sería pensar en un fortísimo recorte (inimaginable) en otros gastos públicos o en un incremento importante de los impuestos, a lo que viene oponiéndose el Gobierno, según las declaraciones recientes de algunos de sus componentes.

Además de esta cuestión económica de difícil respuesta, la cuestión es que una financiación exclusiva para estas pensiones no resuelve el problema de la Seguridad Social. Habría que recordar a quienes proponen esto que es la Seguridad Social la que tiene un problema de ingresos, no las pensiones de viudedad. Cualquiera que sea la propuesta en materia de financiación, si es solo para la viudedad, deja sin resolver para el futuro la cuestión de la Seguridad Social, porque el problema reaparecerá a medio plazo (las cotizaciones tienen un recorrido limitado por la demografía, y el gasto será creciente y mayor que los ingresos, incluso sin las pensiones de viudedad). Por lo tanto, hace falta resolver –y este es el mejor momento– la financiación complementaria de la Seguridad Social.

Ahora que está próximo a abrirse el debate en el seno del Pacto de Toledo, es el mejor momento para tomar conciencia de las soluciones que a la financiación del sistema de Seguridad Social se aportan desde los países de nuestro entorno. En este sentido, es necesario que todo el mundo sepa cuestiones que nadie pone de relieve, quizá de manera interesada, pero que no por desconocidas dejan de ser menos ciertas. Y es que todos los países tienen mayores aportaciones desde lo público al sistema contributivo de la Seguridad Social que el nuestro (que se puede decir que no tiene). El verdadero debate que ha de abrirse en el Pacto de Toledo ha de ser este: cómo se va a aportar desde el Estado al sistema contributivo para que pueda seguir creciendo el gasto en pensiones con el crecimiento futuro del número de pensionistas.

Frente a esta necesidad manifiesta de nuestro sistema contributivo de la Seguridad Social de nuevas fuentes de ingresos que se unan a las cotizaciones para hacerlo sostenible de cara al futuro, resulta ridículo plantear la financiación por el Estado solo de las pensiones de viudedad y orfandad. Esto no solo no resuelve el problema, ya que el Estado se va a gastar tanto o más que si pusiera el dinero para ir cerrando el déficit de la Seguridad Social. Incluso eliminando del sistema las pensiones de viudedad y orfandad, aún quedaría déficit en la Seguridad Social, algo que sería un absurdo insoportable. Entonces, si no hay ventaja alguna, da igual que el Estado aporte los 20.000 millones de euros para financiar las pensiones de viudedad y orfandad que para financiar el déficit de la Seguridad Social. Cabe preguntarse, pues, ¿por qué este empeño en focalizar a estas pensiones como parte de la solución financiera del sistema? No es lógico ni entendible, salvo que haya intenciones ocultas contra estas pensiones.

Llegados a este punto, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante una gran operación de “desvío de la atención”, que pretende, entre otras cosas, que los problemas de financiación del sistema contributivo de pensiones queden sin resolver. Problemas de todos sabidos, pero que parece preciso volver a recordar: la inestabilidad del empleo, que hace que el paro crezca más que en los demás países; la devaluación salarial a disposición de las empresas, y la mala calidad del empleo (a tiempo parcial, con ínfimos salarios, y temporal, cuyos sueldos anuales que también son exiguos porque solo se trabaja unos meses al año). Esto es lo que hay en el fondo del problema, un mercado de trabajo basado en la ultraprecariedad, y es esto lo que realmente hay que solucionar, aportando medidas eficaces a través de políticas sólidas y urgentes.

Esta operación, de “desvío de la atención” hacia las pensiones de viudedad y orfandad, situándolas como origen del problema, plantea además unos riesgos más profundos de socavación e inicio del desmantelamiento del sistema de pensiones. Porque es necesario decir, a quienes mantienen lo contrario, que no es posible financiar íntegramente las pensiones de viudedad y orfandad a través de PGE y que estas mantengan su naturaleza contributiva. Conforme a las orientaciones del Pacto de Toledo (contenidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social), las prestaciones cuya financiación descansa, de forma exclusiva, en la imposición general tienen una naturaleza no contributiva. Por tanto, el cambio en la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad conllevaría el cambio en su naturaleza jurídica a pensiones no contributivas o asistenciales. Ello es además contradictorio pues, ¿cómo podrían mantenerse importes diferenciados de las pensiones de viudedad y orfandad, en función del salario del causante fallecido, si toda la financiación de esas pensiones se sitúa en la imposición general? Esto, además, podría afectar a aspectos esenciales del sistema, como la propia gestión de la Seguridad Social, ya que desde los años noventa la gestión de las prestaciones asistenciales es llevada a cabo por las 17 comunidades autónomas. Este precedente puede ser utilizado para que la gestión de las pensiones de viudedad pudiese ser ejercida por las mismas.

Esto además traería otras consecuencias en el mantenimiento de la solidaridad entre territorios, ya que en realidad, a día de hoy, se puede hablar de 17 sistemas de asistencia sanitaria pública y de 17 sistemas de servicios sociales. Planteamiento al que en UGT somos contrarios y contra el que desarrollaremos acciones y oposición decidida. En definitiva, nuestra posición se resume en decir que bajo el paraguas justificador de dotar de un mayor equilibrio financiero al sistema público de pensiones, desde UGT no vamos a colaborar en la destrucción (parcial o total) del mismo a través del cambio de la naturaleza de las pensiones de viudedad y orfandad.

Mari Carmen Barrera es secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.

Enlace al artículo en Cinco Días