UGT alerta que el PP, a través de las enmiendas presentadas en el Senado a la Ley de Contratos del Estado, pretende facilitar que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores puedan acceder a los pliegos de condiciones de la Administración Pública, también de servicios públicos esenciales que han sido privatizados progresivamente estos años y cuyas consecuencias hemos visto este verano, como en el conflicto del Prat. El sindicato demanda la unidad de las fuerzas progresistas del Congreso para impedir que prosperen e impidan este nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales.

El proyecto de ley de contratos del sector público se presentó a principios de año por decisión del Gobierno. Es una ley complicada y densa que, pese a no ser muy conocida, contiene una parte muy importante del porcentaje del Presupuesto con que cuentan las Administraciones Públicas es gestionada a través de contratos públicos. Además, en los últimos años, se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar, aproximadamente, el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). Ello tiene gran trascendencia en el empleo, público y privado, así como en la calidad de los Servicios Públicos.

Durante su tramitación, el Partido Popular ha venido limitando su participación, hasta conseguir sacarlo del debate en el Congreso, dirigiéndolo a una Comisión de Hacienda y Función Pública.
UGT planteó nuestras observaciones que pasaban por resaltar lo que recogen las Directivas Europeas relacionadas con esta materia, tanto la 2014/23 como la 2014/24, de modo que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste económico como único criterio de concesión y, por otro lado, que se valoren en la relación calidad/precio, tantos aspectos cualitativos como se considere en función de situación social y medioambiental.

Pero el Partido Popular diseñó un Proyecto de Ley que trasponía, exclusivamente, los aspectos que le interesaban. En especial reforzando la unidad empresarial de negociación colectiva.
En el Senado ha vuelto a facilitar que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores, accedan a los pliegos de condiciones de la Administración Pública, ya que insiste en que el convenio de aplicación es el de la empresa, obviando las garantías negociadas en el convenio sectorial. Pliegos de condiciones que se dirigen a cualquier ámbito, también en servicios públicos esenciales que han sido objeto de privatización progresiva en los últimos años.

Por ello insistimos en una petición que, por repetida, no deja de ser alarmante: que se unan las fuerzas políticas progresistas del Congreso para rechazar estas enmiendas, que prioricen la aplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo sectoriales y que difundan en la Unión Europea la actitud de nuestro Gobierno. Solamente así trasladaremos a nuestra legislación las normas de las Directivas Europeas, con las debidas cautelas de igualdad y congruencia democrática.