​El PNR aprobado hoy en el Consejo de Ministros no recoge las propuestas que CCOO y UGT han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios. No acaba con las políticas de austeridad fiscal y laboral que han agravado la crisis y aumentado el riesgo de deflación ni afronta lo que debe ser la prioridad de todas las políticas:  lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

No impulsa la inversión pública y productiva para promover un nuevo sistema productivo que fomente la industria, la transición energética y recupere las inversiones en I+D+i y en infraestructuras sociales, para hacer posible una senda de crecimiento socialmente sostenible.

La recuperación económica, que debe llegar a las personas, no se puede producir sin el fortalecimiento de derechos económicos y sociales, la transición energética y el aumento del consumo; lo que pasaría fundamentalmente por la recuperación de los salarios, especialmente del Salario Mínimo, junto con reducción del desempleo.

UGT y CCOO denuncian además que el Gobierno, de nuevo, ha incumplido sus obligaciones de diálogo social para redactar el Plan Nacional de Reformas, en cumplimiento de los acuerdos nacional y europeo sobre su participación en este ámbito, y así lo pusieron de manifiesto en la reunión mantenida, a instancias el pasado 16 de marzo.
 
Ambas organizaciones han basado las propuestas que han remitido al Ejecutivo en el Informe sobre España 2017 de la Comisión Europea, que ofrece un diagnóstico sobre la situación de nuestro país que no concuerda con el que ha dibujado el Gobierno, y que se aleja de la realidad del país.

Por ello es necesario recuperar derechos, como vamos a reclamar en la calle este Primero de Mayo, fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social. Recuperación del diálogo social  también en la elaboración del PNR y en el seguimiento del Semestre Europeo, de conformidad con  lo que está recomendando la Comisión Europea, que en este ámbito ha asumido lo acordado en la Declaración de los interlocutores sociales europeos sobre nuestra participación en la Gobernanza Europea presentada en la Cumbre Social Tripartita de 24 de octubre de 2013. Compromiso de diálogo y participación que también fue asumido por este Gobierno en el acuerdo con los interlocutores sociales de julio de 2014.