​El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que el nuevo Gobierno debe “asegurar la estabilidad en el ámbito político y parlamentario pero también la estabilidad en el ámbito social a través de la recuperación de derechos.

Durante cuatro años hemos tenido un Gobierno con estabilidad parlamentaria, gracias a su mayoría absoluta, pero se ha aumentado la inestabilidad social de manera colosal, de forma tal que España es hoy el país de la Unión Europea (UE) donde más ha crecido el riesgo de pobreza, exclusión y desigualdad”.

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones previas a la reunión extraordinaria del comité de elecciones sindicales de UGT-Asturias, donde ha recalcado la necesidad de “un cambio profundo en las políticas sociales y económicas. Las políticas de austeridad no han ido acompañadas por políticas de impacto social, produciendo más paro, desigualdad y pobreza. Por lo tanto, es necesario que el nuevo Gobierno cambie en profundidad estas cuestiones”.

En este sentido, ha considerado que el resultado de las últimas elecciones “exige de un nuevo aprendizaje. Estamos en un nuevo escenario que no es comparable con ningunas otras elecciones anteriores, donde hay cuatro partidos políticos que tienen un peso significativo y la política de las mayorías absolutas ha desaparecido por decisión popular. Se impone la política del diálogo y el consenso”.

Sobre la formación de ese nuevo Gobierno, Cándido Méndez ha afirmado que “hay distintas alternativas sobre la mesa, que tienen que ser puestas en marcha por los distintos grupos parlamentarios. Pero más que fijarse en el “quién”, hay que fijarse en el “para qué”. Que se asegure la estabilidad social, que actúe en lo verdaderamente importante, como es la derogación de la reforma laboral, la recuperación de los derechos sociales, el reforzamiento de los servicios públicos fundamentales o la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones”.

“Lo que está claro es que hay una mayoría parlamentaria más que suficiente para tomar una iniciativa en relación con el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentamos UGT y CCOO, que pretende remediar la situación de exclusión de 2,1 millones de personas. Esa iniciativa, que la conocen todos los grupos, debería salir en marcha con carácter de urgencia”.

Hay una necesidad nacional de derogar la reforma laboral y reponer derechos

Cándido Méndez, a preguntas de los periodistas, ha señalado que “hay una necesidad nacional para derogar la reforma laboral y reponer derechos. Esta reforma se planteaba como un instrumento para generar empleo, articulando medidas en la empresa para que se evitara en la medida de lo posible la destrucción de puestos de trabajo. Pero el resultado ha sido justo lo contrario”.

“La reforma laboral ha provocado que la única variable de ajuste en España sea el despido, produciendo un aumento brutal del desempleo, y ha deteriorado también la calidad del empleo en nuestro país”.

Además, “otro elemento que incluía era la posibilidad de facilitar el acceso al mercado laboral, y también ha sido justo lo contrario. Desde 2012 España es uno de los países donde es más difícil el acceso al mercado laboral, todo ello gracias a la reforma laboral”.

Por lo tanto, o “se cambia la política laboral o con las políticas que se han ejercido hasta la fecha no hay ninguna garantía de recuperar la estabilidad laboral, sino un serio riesgo de que se pueda agravar”.

UGT es firme defensora de la cohesión social en el marco de la actual Constitución

Sobre la situación en Cataluña, Cándido Méndez ha afirmado que “UGT es firme defensora y partidaria de la cohesión social en nuestro país. Somos firmes defensores de la actual Constitución, que nos ampara y nos protege. Es un marco de convivencia fundamental y fuente de derechos sociales que, últimamente, se menoscaban por los distintos gobiernos. Pero tenemos claro que esa Constitución se promulgó en 1978 y estamos en una situación social, política y democrática distinta, y eso hay que tenerlo en cuenta”.

La Unión General de Trabajadores “no comparte la posibilidad de referéndum para Cataluña. A nuestro juicio, es un planteamiento pre-constitucional. En el año 1978 se alcanzó un gran acuerdo constitucional por el cual España se convertía en uno de los países más descentralizados de toda Europa. Por lo tanto, no es que quedara ese asunto pendiente, sino que la solución fue reconocer a las distintas autonomías y comunidades con una serie de características propias”.

“Creo que es necesaria una modificación de la Constitución, pero en el marco de la propia Constitución. Hay que profundizar en el objetivo de definir España como un Estado Federal y resolver, mediante el diálogo, los problemas y retos que se pueden derivar”.

Además, ha señalado que “parece más importante modificar la Constitución para abrir cauces de participación a las personas. La ILP tiene limitaciones, por lo que una reforma de la Constitución tiene que habilitar mecanismos de participación para las personas, de forma tal que en asuntos de envergadura y de interés general se pueda promover una participación directa a través de referéndum de toda la sociedad española para encontrar soluciones entre todos”.