​La Unión General de Trabajadores denuncia que, desde el inicio de la crisis, han sido los trabajadores los que han soportado la mayor parte de la carga tributaria estatal, no las empresas. Según la Agencia Tributaria (AEAT), en el año 2007 el Impuesto de Sociedades suponía un 23,21% de la recaudación fiscal de los cuatro grandes impuestos (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales), mientras que el IVA suponía un 28,93%. Sin embargo, en 2015, el Impuesto de Sociedades recauda diez puntos menos, el 13,19%, mientras que el IVA se sitúa diez puntos por encima, el 38,65%, y junto con el IRPF suponen el 77,52% de la recaudación total de esos cuatro bloques impositivos. Es decir, mientras las empresas cada año pagan menos impuestos, los trabajadores son los que tienen que tributar más aun con peores empleos y salarios.

Los sucesivos gobiernos han ido aplicando medidas para reducir la tributación efectiva de las rentas empresariales, mientras han ido estableciendo un sistema menos progresivo, incrementando el peso de la imposición directa. Menos protección a las personas y un sistema de impuestos más desequilibrado, aumentando con ello las desigualdades y los niveles de pobreza.

Estamos asistiendo desde hace años a una carrera suicida de reducción de obligaciones fiscales a las empresas y a los grandes patrimonios y, en paralelo, se está produciendo un recorte sustancial de servicios públicos esenciales para las personas, que repercute en un recorte de derechos para la población de nuestro país.

Para UGT, tienen que pagar más los que más tienen y hay que luchar decididamente contra el fraude fiscal, que, según algunos cálculos, asciende a 80.000 millones de euros y que se debería utilizar para cubrir los gastos necesarios de los servicios fundamentales para las personas.

Estamos a ocho puntos del PIB de la media de ingresos públicos de los países de la zona euro y a casi cinco puntos del PIB de la media de gastos públicos de Europa. Necesitamos un sistema fiscal que obtenga los ingresos necesarios para cubrir los gastos, acabe con el fraude y sirva para alcanzar un Estado de Bienestar digno no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. 

UGT pide una reforma fiscal integral, justa y equitativa, que favorezca la transparencia fiscal, que dote de mayores recursos económicos y humanos a la Agencia Tributaria y fomente la concienciación colectiva para conseguir un sistema fuerte, estable y suficiente.