La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera inaceptable el Convenio suscrito el pasado miércoles, sin Diálogo Social, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la Investigación Eficaz y Rápida de los Delitos contra la Vida, la Salud y la Integridad Física de los Trabajadores y la Ejecución de las Sentencias Condenatorias, y para la toma de Conciencia Social de este problema

Para UGT, que no se nos haya siquiera comunicado ni informado al respecto, más aún cuando el sindicato ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de revisar y reactivar el Convenio sobre la materia firmado en 2007, tanto ante la propia Fiscalía como ante el Ministerio de Trabajo, resulta, cuanto menos, paradójico.

En este sentido, UGT considera un grave error por parte del Gobierno, e impresentable desde el punto de vista institucional, no contar con la participación de los agentes sociales en la lucha contra la siniestralidad laboral, ya que somos parte de la solución porque, como sindicato, nuestra labor es velar por el respeto de los derechos de las personas trabajadoras y ayudar a las víctimas de los accidentes de trabajo. Somos los representantes de las personas trabajadoras y contamos con más de 980.000 afiliados y afiliadas. La Constitución nos encomienda los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra legitimidad procede de las elecciones que celebramos con carácter periódico en las empresas. Esto otorga nuestra representatividad. Defendemos los intereses del conjunto de los trabajadores en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales. Defendemos a los trabajadores con carácter integral y no a un colectivo concreto.

En relación a este nuevo Convenio, vuelve a ponerse de relieve el grave problema de la siniestralidad laboral en nuestro país, calificándolo como “drama social y humano”, requiriendo la acción de las administraciones públicas para conseguir “acabar con esta lacra y evitar la impunidad de sus responsables”, de la misma forma que se recogía en el anterior Protocolo Marco de 2007. Cinco años después de su firma, continúa vigente el mismo problema.

Es imprescindible abrir una mesa de diálogo social ya

Ante esta situación, UGT reclama al Gobierno la necesidad de abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación. A través de esta mesa, se debe articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata, que incluya la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.

Para el sindicato es igualmente imprescindible dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales; y aumentar los medios a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades. No podemos consentir que estas muertes queden impunes.