Desde UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) se ha reclamado al Gobierno el establecimiento de esta exención para las indemnizaciones previstas en la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, desde antes de su aprobación en 2022.

El argumento que hemos repetido hasta la saciedad para defender esta exención es que el Estado español tiene responsabilidades al haber retrasado la prohibición del uso de este cancerígeno hasta junio de 2002, a pesar de conocer la evidencia científica sobre sus efectos para la salud con décadas de antelación. Además, en ese momento ya existían colectivos que tenían reconocida la exención, como las víctimas del amianto, la talidomida o el VIH. Desde nuestras organizaciones siempre hemos defendido que estos colectivos son perfectamente merecedores de la exención, pero que las víctimas del amianto también lo son y de no reconocerles ese derecho estarían siendo tratadas como víctimas de segunda categoría.

El pasado 22 de abril mantuvimos una reunión con Borja Suárez, Secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para trasladarle la necesidad de modificar el Reglamento del fondo de las víctimas del amianto en relación con la falta de entrada en vigor de algunos supuestos previstos por la Ley y las escasas cuantías de las indemnizaciones y para volver a reclamar la exención del IRPF. Argumentamos en la reunión que recientemente se habían aprobado las indemnizaciones para las personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz incluyendo la exención, así como que las Haciendas Forales de Euskadi y Navarra habían aprobado la exención del IRPF para las víctimas del amianto de esas CCAA, generándose un agravio con las víctimas del resto del Estado.

El Secretario de Estado tomó nota, pero no nos dio respuesta dejándolo pendiente de una nueva reunión prevista para el próximo 10 de junio. Asimismo, ha manifestado en declaraciones a la prensa que es una cuestión pendiente de estudio por el Ministerio de Hacienda y que exige de su aprobación mediante una Ley.

Hemos conocido que esta semana, el 20 de mayo, el Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 10/2026 que, entre otras medidas, exime de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas recibidas por las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia.

De nuevo, nuestras organizaciones queremos dejar constancia que estamos de acuerdo con esta decisión, pero no logramos entender por qué el Gobierno de España no la hace extensiva a las víctimas de amianto. Tampoco creemos que sea de recibo que, mientras a algunos colectivos se les otorga la exención del IRPF desde el propio proceso legislativo que genera el derecho a la indemnización, o a otros se les soluciona esta cuestión de manera urgente con la aprobación de un Real-decreto Ley y su posterior convalidación en el Congreso, a las víctimas del amianto se les venga negando desde hace 4 años y se les remita a un largo proceso de tramitación parlamentaria de una Ley, además pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Además, no podemos dejar de resaltar que las cuantías previstas para las indemnizaciones del fondo de las víctimas del amianto son claramente insuficientes. El mayor importe previsto es de 96.621,24 euros para los casos de mesotelioma pleural, muy inferior a las cantidades que se obtienen por sentencia judicial. Este mismo mes de mayo, el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao, ha dictado una sentencia con una indemnización de 663.933,60 euros para los herederos de un trabajador fallecido por mesotelioma pleural debido a la exposición al amianto.

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