Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España conocidos hoy, en 2015 las Administraciones públicas presentaron un déficit del 5,18% del PIB, un punto más de lo previsto (4,2%), es decir, la diferencia entre ingresos y gastos fue de 56.608 millones de euros. Esto supone una diferencia de 10.600 millones de euros más sobre el objetivo pactado con Bruselas, que viene reiterando al Gobierno de España la advertencia sobre los incumplimientos de los objetivos presupuestarios en nuestro país.

A pesar de que el déficit público se ha reducido, se han incumplido los objetivos todos los años, con un coste social ha sido muy elevado. La diferencia entre ingresos y gastos en 2015 supone la mayor de la legislatura.

Esto no es más que el resultado de la estrategia seguida para intentar dar cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en España, que ha supuesto un tremendo sobreesfuerzo económico y social, plagado de recortes de gasto público esencial. Además, algunos gastos con alto peso en el presupuesto no solo no se han recortado, sino que han aumentado (como el volumen de intereses procedentes de la deuda pública). Por otro lado, la caída de la actividad económica, unida a la inconsistencia de las reformas tributarias llevadas a cabo (que han consolidado un sistema fiscal lleno de agujeros por los que escapa la recaudación y de resultados muy injustos), han generado una insuficiente recaudación vía impuestos y cotizaciones sociales.

Este nuevo incumplimiento hace más difícil si cabe que España cumpla con el objetivo de déficit de 2016, fijado en el 2,8%, lo que supondría un ajuste de más de 20.000 millones de euros este año si la Comisión Europea no modifica el objetivo, lo que es casi improbable.

En este sentido, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado hoy que "se debería realizar un sobreesfuerzo para configurar un Gobierno que pueda realizar una negociación solvente y potente con la Unión Europea" y  exigir a Bruselas una nueva senda de consolidación fiscal más ajustada a la realidad de la economía española y más justa con sus ciudadanos y trabajadores.