​La Unión General de Trabajadores constata que el Gobierno del Partido Popular oculta la realidad de su política de migraciones en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un examen que se prepara por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de esta organización y que en su informe previo recogía diferentes críticas, muy bien argumentadas, de organismos tanto nacionales como internacionales. 

Sin embargo, el Ejecutivo, en su informe nacional elaborado con posterioridad, no solo no ha entrado en la mayor parte de las cuestiones, sino que ofrece una imagen de este país que no se corresponde con la realidad.

En este sentido, el informe del Gobierno español de noviembre de 2014, en referencia a la asistencia sanitaria a inmigrantes, cita un informe de la OCDE de 2013 según el cual el 99% de la población española tiene cobertura sanitaria pública. 

Es decir, que no hay motivo de queja porque los inmigrantes están cubiertos. Pero lo que no dice el Ejecutivo es que este dato del 99% corresponde, y puede comprobarse en el informe de la OCDE, al año 2011, no al 2013, y es por tanto anterior a la reforma que expulsó a los inmigrantes irregulares  y a otros colectivos, de la asistencia sanitaria. 

Sobre la situación de Ceuta y Melilla, el Gobierno en su informe únicamente señala los “asaltos masivos” y la labor de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIS). Pero en su presentación oral, y dado que muchas preguntas remitidas previamente por los países se referían a las mal llamadas “devoluciones en caliente” en el sentido de que éstas pueden poner en peligro obligaciones y derechos reconocidos internacionalmente, el Ejecutivo da a entender que España seguirá adelante con la reforma de la Ley pero cumpliendo con las obligaciones internacionales. 

Algo que, para UGT supone una difícil tarea, porque devolver a una persona sin identificarla, una vez que ha entrado en territorio nacional (y territorio nacional es desde la primera valla), impide identificar a posibles víctimas de trata, tráfico o solicitantes de protección internacional.

Además, en materia de migraciones, al sindicato no deja de sorprenderle que España, en su informe, diga que los derechos de los migrantes y la lucha contra el racismo y la xenofobia están garantizados, entre otros, por el Fondo de apoyo a la acogida e integración, pero que el mismo no tenga dotación alguna desde el año 2012. 

¿Cómo se garantiza, por tanto, con políticas públicas, la integración y la lucha contra el racismo y la discriminación? Tener dos Planes (el de integración y la estrategia integral contra el racismo) que carecen de dotación presupuestaria (algo que se le olvida al Gobierno en su informe) difícilmente pueden ser herramientas válidas. 

Más aún cuando, como hemos oído en la Jornada celebrada el pasado fin de semana por el Partido Popular bajo el lema de “Libertad y Seguridad”, varios miembros de este partido con responsabilidades de Gobierno abogaban por la expulsión sino hay integración.

UGT también constata que el Gobierno olvida en su informe que la trata con fines de explotación laboral carece de Plan integral y que ese “Plan estratégico de lucha contra la trata” al que se refiere no existe. 

Únicamente hay un plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las victimas de trata con fines de explotación laboral carecen totalmente de protección. 

Y, en este sentido, el sindicato recuerda que esto implica incumplir las obligaciones de una Directiva por la que España tiene abierto un procedimiento de infracción por la Unión Europea.​