El Gobierno ha desvirtuado el sistema de Dependencia
Fecha: 13 Dic 2017
La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha exigido la“restitución del modelo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia que existía antes de la llegada del Gobierno del PP a nuestro país. El Ejecutivo actual, con sus recortes, ha desvirtuado el sistema de dependencia”.
Adela Carrió ha realizado estas declaraciones durante las Jornadas “Jubilarse no es acabarse. Por un envejecimiento activo. Presente y futuro de la Ley de la Dependencia”, organizado por UGT-Castilla y León en Valladolid, donde ha señalado que el modelo del sistema, que partió de un consenso en el diálogo social, ha quedado desdibujado. Las políticas de recorte presupuestario aplicadas se han traducido en políticas de recorte de derechos, desvirtuando la ley y sus principios”.
En este sentido, ha denunciado que “se ha pasado de una nueva modalidad de protección social que ampliaba y complementaba la acción de protección del Estado y de la Seguridad Social, a un sistema asistencialista, donde la universalidad en el acceso, la atención a las personas de forma integral e integrada ha quedado dibujada como mero testimonio que enunciaba la ley”.
Por ello, ha reclamado, entre otras cuestiones, “que se aplique la Ley de Dependencia de manera integral, de tal forma que se asegure la prestación universal y pública como un derecho subjetivo; que se garantice la protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incrementode los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones, al menos, en un 20%, y la compatibilidad entre determinadas prestaciones; y que se fije un mínimo exento de participación del dependiente en el coste de las prestaciones, no contribuyendo al sistema si su economía es inferior a dos veces el IPREM”.
Además, ha reclamado “ampliar el catálogo de servicios en esta materia; abordar y desarrollar un procedimiento específico y único para la resolución de los expedientes, con el fin de reducir los tiempos de espera; y establecer mecanismos que aseguren la sostenibilidad económica de la ley, revisando la financiación actual”.