​Cuatro años después de la aprobación del Real Decreto que terminó con la asistencia universal y gratuita, la Unión General de Trabajadores quiere recordar que esta ley ha dejado sin cobertura sanitaria a 844.00 personas, incluidos menores de edad, y fue el primer paso para acabar, directa o indirectamente, con el derecho de inmigrantes y emigrantes a la sanidad con las consiguientes consecuencias para los migrantes, sus familias y los ciudadanos en general.

El sindicato subraya que el Gobierno eliminó o dificultó el derecho a la sanidad de los inmigrantes por motivos ideológicos, para que trabajadores y trabajadoras volvieran a sus países de origen; económicos, porque si no son asegurados de España, no tienen que pagar al país de emigración y políticos, porque esta medida disuade a muchos emigrantes españoles de registrarse en las oficinas consulares y así parece que no se han ido, lo que sirve para que este Gobierno no reconozca el efecto huida, tanto de extranjeros como de españoles, que ha originado con sus políticas laborales y de desmantelamiento del estado de bienestar. 

El Real Decreto 16/2012, y sus normas de desarrollo, excluyó de la asistencia sanitaria tanto a inmigrantes en situación administrativa irregular como a migrantes regulares y ciudadanos comunitarios que no cumplieran con los requisitos exigidos para ser considerados beneficiarios del sistema nacional de salud. Esto ha supuesto la exclusión sanitaria de unas 844.00 personas de nacionalidad comunitaria y no comunitaria, una exclusión que, además de costar vidas y poner en peligro la salud, se extienden a las familias, incluso a los menores de edad que, en teoría, tienen reconocido el derecho en cualquier caso.

En su informe “Equidad para los niños: el caso de España”, UNICEF señalaba que las restricciones en el acceso a la asistencia sanitaria para los adultos inmigrantes, repercute en los niños y niñas que viven con ellos y que el incremento del coste de las medicinas puede hacer imposible a este colectivo acceder a ellas.

Pese a las iniciativas de varias Comunidades Autónomas de extender la cobertura sanitaria a determinados supuestos, solo mediante una Ley de carácter estatal que nos devuelva a la situación anterior, se podrá garantizar el derecho a la salud del conjunto de la población.

El Gobierno continuó en esa línea de exclusión con los emigrantes que desde España, buscan oportunidades de empleo en otros países y estableció la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias tras tres meses de ausencia del territorio español, dejando así a los emigrantes españoles que se encuentren en territorio europeo y aun no hayan encontrado un empleo en el país de emigración, con una asistencia sanitaria precaria o sin ella.

UGT denuncia que el Gobierno, eliminó o dificultó el derecho a la sanidad de los inmigrantes, por motivos ideológicos, porque no quiere extranjeros, comunitarios o no, que solo dependan, como el resto de nosotros, de su trabajo para vivir. No quiere a quienes no pertenezcan a la élite de los inversores o las personas con “talento” o dinero. Y eliminar la asistencia sanitaria es uno de los alicientes que ha encontrado este Ejecutivo para que trabajadores y trabajadoras se vuelvan a su país de origen.

Además, eliminó la cobertura sanitaria de los emigrantes por motivos económicos y políticos. Económicos porque si no son asegurados de España, no tienen que pagar al país de emigración y políticos, porque esta medida disuade a muchos emigrantes españoles de registrarse en las oficinas consulares y así parece que no se han ido, lo que sirve para que este Gobierno no reconozca el efecto huida, tanto de extranjeros como de españoles, que ha originado con sus políticas laborales y de desmantelamiento del estado de bienestar.