La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha manifestado hoy que "la mesa de diálogo social en materia de pensiones está en stand by" pero que desde el sindicato "entendemos que la pelota está en el tejado del Gobierno desde el pasado día 14, con la aprobación en el pleno del Congreso de la proposición no de ley que exigió al Ejecutivo que derogase tanto en índice de revalorización como el factor de sostenibilidad y que recuperase la revalorización de las pensiones al IPC. Exactamente lo que planteamos en la mesa de negociación".

"Es el Gobierno el que tiene que mover ficha puesto que no tiene la mayoría ni el Pacto de Toledo ni, por supuesto, en la mesa de negociación, y tiene que dar algún paso en ambas direcciones para llevar a cabo lo que le pide la ,mayoría parlamentaria" ha añadido.

Además, en el día en que se ha conocido la cifra del déficit de la Seguridad Social, Mari Carmen Barrera ha insistido en que "las cuentas de la Seguridad Social no están claras y que todo el déficit que soporta no es de gasto en pensiones, de hecho, hay más de 10.000 millones de euros que pertenecen a políticas de subvenciones del Gobierno de regímenes especiales que nada tienen que ver con el régimen general y otra serie de políticas como las bonificaciones a empresas, gastos de la seguridad social, etc. Si la Seguridad Social ingresara todo lo que tiene que ingresar y gastara sólo lo que tiene que gastar, no tendría el déficit que tiene.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo en el que se ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para el estudio de la Seguridad Social -"Estudios sobre pensiones suficientes, Seguridad Social Universal y Democracia"-, constituido por académicos, juristas, demógrafos e investigadores que ofrecieron su proyecto a la Fundación Francisco Largo Caballero y que obtuvo el respaldo de UGT. El próximo 5 de abril celebrarán una jornada sobre "la financiación de las pensiones públicas: alternativas sostenibles desde el lado de los ingresos" en la Escuela Julián Besteiro.

"Una iniciativa que", según el coordinador del grupo, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Cristóbal Molina Navarrete, "surge de una necesidad -derivada de la falta de estructura oficial de investigación sobre Seguridad Social en España- y del hecho de que todos los estudios sobre esta materia provienen de fundaciones vinculadas a entidades financieras que, como sabemos, son parte interesada en difundir la idea de que el Sistema de Pensiones no es sostenible y así impulsar los planes de pensiones privados".

Molina Navarrete ha señalado que "es necesario plantear una alternativa a la actual situación de crisis de la Seguridad Social identificando los tres grandes problemas de los que se habla en la actualidad: la crisis demográfica, la crisis económica y los problemas jurídicos".

En ese sentido, ha explicado que "hay margen, existe un potencial demográfico suficiente para que el envejecimiento activo no sea una amenaza real, tal y como se está afirmando. Además, desde el punto de vista económico, se dice que el sistema es insostenible porque no podemos soportar ese gasto pero con los datos en la mano, España tiene, al menos, un potencial de seis o siete puntos de su PIB para dedicarlo a las pensiones".

"Señalan además que la alternativa serían los planes privados de pensiones, pero los estudios de especialistas en inversiones destacan que son el sistema menos rentable hoy en día en España y finalmente, desde el punto de vista jurídico, si no se hace nada, si se mantienen las reformas, el factor de sostenibilidad significará que cada diez años perderemos seis puntos de tasa de reemplazo, lo que implica que en 2050 España se situaría al límite del nivel de pobreza que fija el Convenio número 102 de la OIT y nuestras pensiones se situarían en torno al 50% de tasa de reemplazo, en los márgenes de la pobreza, de manera que pasaríamos de tener pensiones suficientes a pensiones mínimas. Con lo que, un grupo de población que, hasta ahora, no ha estado en riesgo de pobreza, pasaría a estarlo".