La Unión General de Trabajadores señala que el Gobierno ha utilizado la reforma del Código Penal y la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, para endurecer la política de inmigración y de permanencia de las personas de nacionalidad extranjera en España. 

El sindicato considera que se ha cambiado la Ley de Extranjería para dar apariencia de legalidad a una conducta criticada por los organismos internacionales, que es contraria a normas ratificadas por España y que solo contribuye a dejar en la indefensión sobre todo a quienes serán víctimas de esta norma pero también a quienes se vean obligados a aplicarlas.

UGT, junto a otras muchas organizaciones de diversos ámbitos, ha criticado la reforma de la Ley de Extranjería promovida por el Gobierno del Partido Popular para señalar que la apariencia de legalidad, no garantiza que una conducta sea legal. 

En el caso de las conocidas como “devoluciones en caliente”, España tiene compromisos internacionales y ha ratificado normas que debe cumplir y que no pueden ser contradichas por normativa interna. 

Además del Informe elaborado por personalidades del mundo del derecho que se ha publicado hoy, la semana pasada se hizo público el informe sobre España del Comité para la Prevención de la Tortura y el trato inhumano o degradante del Consejo de Europa, en el que nuevamente se hace referencia a que la práctica española, en este caso, en la frontera de Melilla, es contraria a decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a otras normas. 

Además del Consejo de Europa, también la Comisión Europea, y especialmente las Naciones Unidas, han llamado la atención a España. ¿Qué más necesita el Gobierno español para comprender que se ha equivocado?