​La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) urge al Gobierno del Partido Popular a que recupere de una vez por todas el papel de la construcción y especialmente de la rehabilitación de viviendas y de la inversión pública en infraestructuras como instrumentos generadores de una actividad económica más estable, creadora de más empleo y de mayor cohesión social. Por ello le exigimos que convoque urgentemente a una mesa sectorial con la participación de los agentes sociales, sindicatos y patronales.

El naufragio del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado para el año 2017 por el Gobierno del Partido Popular a través del RD 637/2016 de 9 de diciembre, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de abordar un verdadero plan de rehabilitación desde una estrategia de estado específica en materia de rehabilitación de viviendas, edificios, barrios y zonas especialmente degradadas de nuestras ciudades etc., habida cuenta que es un ámbito de actuación especialmente intensivo en mano de obra (estimamos 3 empleos por vivienda) y generador de inversión.

Y es que el número de visados para reformas y/o restauración de edificios en el periodo 2013-2016 se ha mantenido muy por debajo de las expectativas creadas (31.615 en el año 2016; 31.285 en 2015; 28.068 en 2014, y 27.674 en 2013) hasta el punto de que ni siquiera se ha alcanzado el nivel del año 2009, en que superó los 40.758 visados, números claramente insuficientes para reactivar el sector.

La falta de información sobre las ayudas y ventajas vigentes y las dificultades administrativas para acceder a las mismas son aspectos a tener también en cuenta a la hora de abordar un nuevo plan rehabilitación, así como la necesidad de coordinar todos los planes que se diseñen y ejecuten desde las distintas Administraciones Públicas, de incluir programas concretos a corto plazo, sencillos, de fácil aplicación y control y de inmediata repercusión en el empleo.

La política de rehabilitación también debe dar respuesta a los requerimientos de los diferentes colectivos y asegurarles a todos ellos una vivienda digna. Nos referimos a las personas mayores, a los discapacitados, inmigrantes, jóvenes etc. Para ello hay que elaborar propuestas, tanto en materia tributaria como no tributaria, que traten de dar respuesta a problemas de índole social, energética, medioambiental, industrial y también definir el modelo urbano.

El esfuerzo en materia de rehabilitación debe venir acompañado de un impulso a  la inversión pública, factor determinante de la productividad y, por tanto, del crecimiento potencial de la economía. Y es que las inversiones llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos cuatro años son claramente insuficientes. Un reciente estudio de la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras (Seopán), cifraba las necesidades inversoras de nuestro país en materia de infraestructuras en un mínimo de entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales durante un periodo de diez años para que nuestro país, lo que supondría incrementar en un 72% el volumen anual que actualmente se destina a infraestructuras en nuestro país. Y entre las necesidades más urgentes señala infraestructuras como la depuración de aguas, el tratamiento de residuos urbanos e industriales, la eficiencia y las interconexiones energéticas, la mejora de equipamientos hospitalarios y educativos, la extensión de las redes de telecomunicaciones o el deterioro de las infraestructuras ya construidas por el uso.

Desde el año 2010, la inversión pública ha sido una de las principales víctimas de las políticas de ajuste que estamos sufriendo, que ha caído en torno a un 21%, afectando de modo muy especial a las infraestructuras. El objetivo de reducción del déficit público se ha antepuesto a cualquier otra consideración, olvidando el efecto multiplicador que las infraestructuras ejercen sobre la iniciativa privada y sobre el dinamismo económico y el empleo.
Y aunque en el pasado mes de enero la licitación de obra pública creció un 17,5%, el volumen de obra promovida en los últimos doce meses, desde febrero del pasado año hasta enero de 2017, equivale a un 0,8% del PIB, frente al promedio del 2,7% que suponía en los últimos veinte años.

En estos momentos, cuando el Ministerio de Fomento se está planteando los últimos retoques de un plan que entrará en vigor en 2018, desde la Administración deberían reflexionar sobre los nefastos resultados que han tenido sus políticas para el sector, pues no se han traducido en un incremento real del empleo en la construcción ni en la obra pública, ni tampoco en las viviendas de protección oficial.

Por ello, para UGT FICA es esencial invertir esta tendencia y poner en marcha fórmulas que permitan no sólo aumentar, sino mantener un esfuerzo inversor constante, dirigido tanto a desarrollar nuevos proyectos como al mantenimiento de las infraestructuras ya existentes, aspecto éste que suele ser el gran olvidado en todos los proyectos, cuando la pérdida de eficiencia de nuestras infraestructuras se deriva, más que de la falta de infraestructuras nuevas, que también, de la falta de mantenimiento de las ya existente, que además supone creación de empleo casi inmediato.

Consideramos que es preciso un marco regulatorio estable que fije los equilibrios necesarios entre la seguridad que los inversores reclaman –precio, condiciones del servicio, etc.– y la protección de los usuarios.

En definitiva, desde UGT FICA consideramos urgente aprovechar el incipiente crecimiento económico de nuestro país para trasladarlo a la creación de empleo a través de planes realistas de rehabilitación de viviendas y edificios y recuperando el nivel de inversión pública en infraestructuras anterior a la crisis si no queremos seguir hundidos en cifras.