​UGT valora negativamente la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal que se han aprobado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados con el único respaldo de los votos del Grupo Parlamentario Popular.

Para el sindicato, estas normas, a pesar de incluir enmiendas positivas tramitadas desde el Senado (como es el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana), restringen derechos fundamentales y cercenan las libertades democráticas en nuestro país, por lo que exigen la retirada de las mismas de manera inmediata. 

De esta forma, el Gobierno, entre otras cuestiones, amplía el concepto de “sospechoso” a toda persona que lleve algún tipo de prenda u objeto que cubra el rostro total o parcialmente, sin requerir de forma clara que haya indicios de infracción o delito; o generaliza como responsable de infracciones a cualquier persona, aunque padezca una anomalía o alteración mental o intelectual que no le permita comprender si el hecho es lícito o ilícito o no pueda actuar de otra manera.

Además, equipara como agravante en las sanciones el uso de la violencia y la amenaza con la mera intimidación y legaliza la práctica ilícita de estas fuerzas del Estado de devolver “en caliente” a los inmigrantes en Ceuta y Melilla, algo a todas luces inconstitucional.

En referencia a la reforma del Código Penal, UGT lleva reclamando desde hace años la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que prioriza la facultad de no ir a la huelga sobre el derecho fundamental y constitucional de ejercerla, provocando un impacto muy negativo en los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, ya que el Gobierno permite así que los trabajadores, en lugar de estar protegidos por ejercer un derecho constitucional, puedan ser encarcelados, quedándose totalmente desprotegidos.

La ciudadanía está ya cansada de esta política represiva del Ejecutivo y así se lo hizo saber en las multitudinarias movilizaciones del pasado 18 de marzo contra los recortes de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como es el caso del derecho de huelga. 

Además, esta reforma introduce la prisión permanente revisable, algo a todas luces inaceptable y preconstitucional, que vulnera el espíritu de la Constitución y su orientación sobre el cumplimiento de las penas de prisión, imponiendo así un Código Penal dirigido hacia la venganza antes que a la rehabilitación.

Leyes que lo único que pretenden es acallar la protesta social, cercenar libertades democráticas y convertir un conflicto social y laboral en otro de orden público. Una prueba más de las políticas regresivas de este Gobierno hacia la población de nuestro país y hacia los pilares de la democracia y el Estado de Bienestar construidos en los últimos treinta años. ​