​El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto de ejemplo lo que está ocurriendo con los “5 sindicalistas de ArcelorMittal”, para denunciar el ataque que se está produciendo en España al derecho fundamental de huelga.  Álvarez ha afirmado que éste no es un “caso aislado” y ha recordado que en España hay casi  300 sindicalistas, 89 de ellos de UGT, que han sido encausados por ejercer su derecho fundamental a la huelga,  muchos de los cuales están inmersos en procesos judiciales similares.

El Secretario General de UGT ha denunciado esta situación en el acto sindical promovido en el marco de la 105ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra.

Para Álvarez la condena de los sindicalistas de ArcelorMittal “forma parte de una campaña orquestada por el Gobierno del Partido Popular, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas, contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical. En este sentido, ha afirmado que “el derecho de huelga y de manifestación son derechos irrenunciables”.

El Secretario General de UGT, que ha exigido la retirada del artículo 315.3 del Código Penal, al amparo del cual se trata de criminalizar el derecho de huelga, ha manifestado que éste no es solo un problema del sindicato,  sino “una muestra palpable de las consecuencias de unas leyes antidemocráticas”. 

En este sentido, ha precisado: “este problema te afecta como sindicalista y te afecta como trabajador, porque coarta tu libertad a protestar, a manifestarte, a reivindicar, e impide que luches por lo que crees justo, por tus derechos y por tus intereses. Por eso la sociedad, en general, tiene que tener claro que éste es un atentado contra su libertad y sus derechos y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses”.

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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ENCAUSADOS DE UGT

De los  casi 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga, 89 son de UGT, en su gran mayoría por su participación en las huelgas del 29 de septiembre de 2010 y del 29 de marzo de 2012. Aunque hay dos huelgas, la del transporte 2008 y la de la limpieza de 2013  que afectan a 12 y 1 persona respectivamente, aunque a esta última solo se le acusa de Falta.  

Los procesos judiciales finalizados tienen distinto resultado. Desde la absolución de los encausados, en el caso de los 8 procesados de Airbus (1 de ellos de UGT)  y de 3 compañeros de SMC-UGT Sevilla, acusados de cometer delitos contra la seguridad vial en la huelga del 29 de marzo de 2012, hasta la imposición de multas económicas a 12 sindicalistas de Castilla-La Mancha, en la huelga de transporte de 2008, o a 3 compañeros de Cantabria durante la huelga del 29 de marzo de 2012 acusados de faltas por coacciones.

Por otro lado, una gran mayoría de los procesos no han terminado y  están pendientes de resolver los recursos presentados contra las correspondientes sentencias de los juzgados de lo penal.

Este es el caso de los 5 de Arcelor. A estos sindicalistas se les pedía 21 años de prisión, una condena calificada por el Comité de Empresa Europeo de Arcelor Mittal como “injusta, desproporcionada e inconstitucional”. Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, en base al artículo 315.3 del Código Penal.  La sentencia condena a los sindicalistas José Luis Alonso Cuesta, Neftalí Casares García, Alberto Bernardo Villalta, José Ángel Álvarez Novo y Jerónimo Blanco González a penas de tres años y seis meses de prisión para cada uno, y a estos dos últimos a la pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones. La Audiencia ha rebajado la pena a 2 años y 4 meses y a pagar una multa de 70.000 euros. Ellos han recurrido al Tribunal Constitucional, que lo ha desestimado y actualmente el sindi cato está estudiando recurso ante instancias superiores.

En la mayor parte de los casos, a los trabajadores y sindicalistas se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños.

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