La Unión General de Trabajadores celebra que la oposición apoyara ayer una moción, promovida por el Partido Socialista, por la que se insta al Gobierno a desarrollar una Ley de Igualdad Salarial para acabar con una brecha salarial que en nuestro país asciende al 23,25%.

De esta forma, el Parlamento ha respaldado una medida que el sindicato lleva años reclamando porque España tiene una de las brechas salariales más elevadas de Europa. La igualdad salarial es una de las asignaturas pendientes del Gobierno en un país en el que las mujeres han sido las principales perjudicadas por las medidas adoptadas frente a la crisis.

El aumento de la brecha salarial y de las desigualdades es el reflejo del retroceso en las condiciones en el empleo de las mujeres y de cómo influye la falta de políticas de igualdad en sus retribuciones.

Por ello, UGT considera que es necesario poner en marcha una Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que contemple, entre otras cuestiones, medidas como:

• Desarrollar reglamentariamente, los contenidos mínimos de los planes de igualdad en las empresas, introduciendo en su regulación la necesidad de incluir la materia salarial.

• Crear un órgano público con representación de los Interlocutores Sociales y el Gobierno, que pueda manejar los datos reales de las empresas y revisar los convenios colectivos para detectar discriminaciones y desigualdades salariales. Éste órgano también podría supervisar los supuestos en los que las trabajadoras o sus representantes planteen una demanda para que se evalúe las posible desigualdad o discriminación salarial en su empresa.

• Obligar a las empresas de 25 o más trabajadores a someterse a auditorías periódicas de igualdad salarial.

• Establecer un registro público en el que las empresas de 25 o más trabajadores estén obligadas a registrar anualmente las retribuciones (tanto salariales como extra-salariales, en dinero o en especie) de todos sus trabajadores.

• Incrementar las sanciones a las empresas que no respeten la normativa sobre igualdad de género, incluida la igualdad salarial.

• Obligar a las empresas a revisar las clasificaciones profesionales y la valoración de puestos de trabajo dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad estructural salarial entre mujeres y hombres, en un periodo de tiempo y con la representación sindical de los trabajadores.

• Establecer como competencia de los representantes de los trabajadores la de recibir –de forma periódica- información sobre las retribuciones y la composición de las plantillas donde se detalle la retribución completa media de mujeres y hombres, desglosado por grupos, categorías y/o niveles profesionales, así como la distribución de la plantilla por sexos en cada grupo, categoría y nivel profesional y sobre los ascensos y promociones profesionales.

• Establecer que la Autoridad Laboral actúe de oficio ante el órgano judicial competente cuando se constate indicio de discriminación salarial directa o indirecta.

• Proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantificado de las desigualdades y discriminaciones de género en el sistema de protección social así como de las posibles medidas de corrección de las mismas a corto y medio plazo y, en su caso, con cargo a financiación complementaria.