El cierre de los PGE en julio supondrá más parálisis económica y social
Fecha: 14 Jul 2016
UGT alerta sobre los nuevos recortes que supondrá que el Gobierno “en funciones” adelante el cierre presupuestario de los ministerios, al mes de julio, 5 meses antes de finalizar el año, para intentar controlar el gasto y contentar así a Bruselas en su exigencia de que España cumpla con el objetivo de déficit. El Sindicato que cuestiona la viabilidad y legalidad de esta medida, critica que un Ejecutivo en funciones, que no deja de hacer trampas presupuestarias, adopte decisiones unilaterales que nos comprometen a todos y perjudican a las personas y reclama buscar el consenso con partidos políticos e interlocutores sociales.
El Gobierno “en funciones” está adoptando decisiones unilaterales sin consultar con nadie y que nos comprometen a todos los ciudadanos. Para “salvar” los incumplimientos con Bruselas parchea e improvisa medidas para ver si así le salen las cuentas. Unas cuentas ficticias que fueron denunciadas como tal por nuestro sindicato y una gran mayoría de los partidos políticos del ámbito parlamentario.
El Ejecutivo “en funciones”, tras enmendarse a sí mismo al adelantar la recaudación del Impuesto de Sociedades (esto supone deshacer la reforma fiscal del año pasado), vuelve a enmendarse al prometer a Bruselas una nueva estrategia de gestión presupuestaria, que supondrá adelantar el cierre presupuestario a julio, cinco meses antes de lo previsto. Pretende así ayudar a controlar el gasto, pero esta medida cuya viabilidad es “cuestionable” supondrá la paralización de la Administración casi a mitad de año.
UGT critica esta nueva frivolidad del Gobierno en funciones del PP, y exige que se busque el consenso con las fuerzas políticas y los interlocutores sociales sobre temas de especial relevancia como éste que nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
El sindicato considera que no hay que centrar el debate en los gastos, lo que implicarán nuevos, injustos, ineficaces y dolorosos recortes, sino en los ingresos. En este sentido, demanda una reforma fiscal integral más justa y con mayor poder recaudatorio. El objetivo es preservar el Estado del bienestar, unos servicios públicos, esenciales y garantes de igualdad y un sistema de protección social, que no deje en la cuneta a nadie. Y no que paguen siempre los mismos
UGT defiende que este aumento de la recaudación no debe realizarse incrementando impuestos a los mismos de siempre, sino a aquellos que ganando más, tributan, en proporción, bastante menos; persiguiendo la elusión fiscal y el fraude fiscal. Sólo persiguiendo el fraude fiscal podrían recaudarse más de 80.000 millones de euros, un dinero que permitiría desarrollar políticas sociales y de empleo.