La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) trajo cambios positivos a la gestión de los riesgos inherentes al trabajo y supuso un punto de inflexión cultural, tanto entre los agentes implicados como en la sociedad en general. Se pasa de un enfoque reactivo, en el que era habitual la reparación del daño una vez producido, a un enfoque preventivo, en el que se contemplan no sólo los riesgos físicos del trabajo, sino también los mentales.

El balance de la ley resulta, en general, positivo, ya que a partir de su promulgación se produce un gran desarrollo normativo, se desarrollan planes de acción como las Estrategias de Seguridad y Salud -tanto nacionales como autonómicos-, se incrementa la formación y la información de calidad y aumenta notablemente la sensibilización y la participación de trabajadores y agentes sociales en el ámbito de la prevención.

Desde su puesta en marcha, se observa una tendencia decreciente de las cifras de siniestralidad laboral que es necesario mantener y que no puede verse mermada por la crisis, pero también se avanzó en el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Pero queda mucho por hacer. Cada día mueren 2 personas en accidente laboral y 67 personas son víctimas de enfermedades relacionadas con el trabajo.

Según la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las empresas 2014, los factores motivadores para abordar la gestión de los riesgos laborales en los centros de trabajo son el cumplimiento de la norma y evitar la multa o sanción en el caso de incumplimiento, de manera que se puede decir que la prevención en España es formal y no real.

La misma encuesta revela las dificultades de los gestores de las empresas a la hora de abordar cuestiones como los trastornos musculo esqueléticos (primera causa de baja en España) o los riesgos psicosociales (que son cada vez más comunes), pero además, refleja que el 78% de los centros de trabajo recurre a un servicio de prevención ajeno, una externalización de servicios que no es lo adecuado.

Por eso, en el 20º Aniversario de la Ley, la Unión General de Trabajadores destaca que es necesario establecer normativamente criterios objetivos para la calificación de los accidentes de trabajo y quiere señalar que, aunque se ha avanzado en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, hoy en día estamos presenciando un retroceso hasta niveles de 1999, de manera que hay que hacer aflorar las ocultas e implementar el cuadro español de enfermedades con la lista revisada y aprobada por la OIT el pasado 25 de marzo de 2010 e incorporar nuevas patologías como por ejemplo los cánceres de origen laboral.

El sindicato apuesta, entre otras cosas, por aumentar el control e incrementar las actuaciones en materia de prevención por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así como aumentar la inversión en I+D+i e impulsar desde la educación primaria, (manteniéndola a lo largo de la vida), la sensibilización en este ámbito y mejorar las fuentes de información para permitir una mejor identificación de colectivos, actividades y empresas con riesgo de enfermedad profesional.

Y considera fundamental el desarrollo de actuaciones dirigidas a los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes, trabajadores temporales, trabajadores de mayor edad, embarazadas, personal especialmente sensible y prestar una mayor atención a la situación de autónomos, trabajadores de pymes y subcontratas ya que la descentralización productiva está cada vez más extendida.

Asimismo, UGT mantiene que medidas como hacer públicas las sanciones por infracciones muy graves, (algo previsto por la ley pero que no se está llevando a cabo), potenciar las actuaciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales o desarrollar una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas para mejorar la implantación de la normativa actual y la respuesta ante situaciones de riesgo, serían formas de mejorar una Ley que ha sido, y es, tan importante para los trabajadores de nuestro país.