Hoy martes, 15 de octubre, se ha dado a conocer la senda de gasto que el Gobierno de España debe remitir a la Comisión Europea (CE) y que debe para cumplir con las reglas fiscales trazadas en la última reforma de la gobernanza europea y sobre cuyas pésimas consecuencias ya advirtió la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).

No se ha remitido el plan nacional fiscal-estructural a medio plazo, al no haberse alcanzado un acuerdo para aprobar los Presupuestos nacionales, que deberá ser aprobado por el Consejo previo informe positivo del propio ejecutivo europeo.

Como primera cuestión, UGT denuncia la falta de transparencia con la que esta senda de gasto y el plan fiscal-estructural se han diseñado. A pesar de la reiterada petición para reunirnos con el Ministerio de Economía y expresar las prioridades del sindicato para el futuro a medio plazo de la economía española, no hemos recibido ninguna respuesta. Cabe recordar aquí que el artículo 11 del Reglamento 2024/1263 -también llamado “brazo preventivo”- exige la adecuada consulta a los interlocutores sociales antes de presentar dicho plan. 

Desde que el Gobierno español recibiera de forma privada la trayectoria de gasto exigida por la CE el pasado 21 de junio, este ha diseñado una senda que cumpla con las condiciones impuestas en las nuevas reglas fiscales y que se expresa con las siguientes variables: 

1. Trayectoria de gasto comprometida por el Gobierno: crecimiento de 3,7% en 2025, del 3,4% de media hasta 2028, y del 3% de media hasta 2031.
2. Objetivo de déficit comprometido por el Gobierno: acabar 2024 con menos del 3% de déficit sobre PIB, 2,5% en 2025, y 0,8% de déficit sobre PIB en 2031.

Asumiendo dichas referencias establecidas por el Ejecutivo español, y teniendo en cuenta que el gasto crecerá menos que el PIB nominal esperado, puede considerarse que el Gobierno adoptará una política restrictiva para los próximos años. Además, el crecimiento del PIB ayudará a un previsible incremento de los ingresos fiscales. Si el gasto no aprovecha buena parte de estos recursos disponibles, se estará restando capacidad de impulso a la economía española. Esto es lo que puede concluirse del anuncio de contención del déficit público, que bajará del 3,6% actual al 0,8%, más que suficiente para cumplir con las reglas fiscales, las cuales obligan a situar dicho déficit por debajo del 3%. 

Las medidas concretas que el documento oficial que el Ejecutivo debe mandar a la Comisión no son aún conocidas. 
Además de estas partidas, la disminución del déficit en un total del 2,8% del PIB para el plan de 7 años supondría no dedicar dicho gasto a algunas partidas de emergencia social como el Presupuesto para la política de vivienda, el cual se ha demostrado insuficiente para atajar las necesidades reales de la población española, o para otras que vayan dedicadas a cubrir las necesidades de una economía que aspira a cumplir con las transiciones verde y digital. 

Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha estimado que, con la desaparición del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a partir de 2027, serán necesarios entre unos 300 y 420 miles de millones de euros adicionales (un 2,1-2,9% del PIB de la Unión Europea) para cumplir con las necesidades de inversión que requieren los objetivos verdes y sociales para los distintos Estados miembro. 

UGT conoce los problemas asociados que puede conllevar una deuda excesiva. Sin embargo, entendemos que la manera de superarlos no debe pasar por un estrangulamiento de la economía y de las políticas sociales que, a la larga, tienen consecuencias aún más negativas, como bien se comprobó durante las políticas de austeridad vividas hace una década y las que se implementaron durante la recesión, y que produjeron un efecto procíclico, ahondando las consecuencias negativas de la crisis financiera. Tal y como señala (aunque sólo parcialmente) Draghi en el informe publicado sobre el futuro de la competitividad europea, la Unión necesita un instrumento de financiación conjunta que continúe el desarrollo promovido por el MRR, y que implique a todos los Estados miembro y a los agentes sociales en la identificación de las prioridades de la Unión.