El Gobierno sigue apostando por las mismas políticas para 2018 y mantiene la política de ajustes para cumplir los objetivos de déficit y deuda en las rentas salariales y en la protección social. El ejecutivo, una vez más, descarta entre sus objetivos aumentar los ingresos, pese a que estamos en una etapa de recuperación económica e incluso se plantea reducirlos, a través del IRPF, para lograr apoyos parlamentarios. Para UGT, se realiza una planificación errónea de la economía que tendrá consecuencias muy negativas para la población.

El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto para 2018 en 119.834 millones de euros, un 1,3% más que en 2017. Según sus cálculos, este límite es el resultado del objetivo de déficit establecido para el Estado (2,2% del PIB en 2018).

Para la Unión General de Trabajadores, con esta decisión el Gobierno no considera situar los ingresos en el objetivo de sus políticas y sitúa a las rentas salariales y las políticas de protección social, una vez más, como las variables de ajuste para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Mantener constantes los ingresos sobre el PIB y reducir deuda y déficit provocan que las políticas de protección social se reduzcan a corto plazo 1,2 puntos sobre el PIB en sólo cinco años (2015-2020), según el último Programa de Estabilidad Presentado en Abril de este año.

El Gobierno establece una previsión de crecimiento del 3% para este 2017 (3 décimas más que la previsión realizada  tan sólo hace dos meses). Las previsiones futuras y los objetivos de reducción de déficit, que acompañan este nuevo límite de gasto, esconden una planificación errónea para resolver las necesidades de la población y tendrá efectos muy negativos.

UGT manifiesta su preocupación por no aumentar los ingresos, a la par que se mantiene el ratio de deuda-PIB en 2018 será del 97,6% y de 92,5%, máxime si el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se puede convertir en moneda de cambio para sumar apoyos parlamentarios.

Creación de empleo de baja calidad

El Gobierno mantiene las previsiones del crecimiento del empleo en el 2,8% en 2018 y de un 2,6% en 2019. Será empleo sin calidad en la contratación. Para UGT, prever un crecimiento del empleo, obviando la precariedad, no es fiel a la realidad del mercado de trabajo y generará un resultado perverso sobre los presupuestos generales del Estado

Para UGT, el ejecutivo olvida en la consecución de sus objetivos que reducir el déficit a costa de menos gasto condena desprotección a muchos colectivos y en el especial de los desempleados. Según datos del Ministerio de Empleo, solo el 55% de los parados registrados en marzo 2017 cobraban algún tipo de prestación.
La utilización de algunos indicadores como el descenso del desempleo  (también por incremento del trabajo parcial no voluntario) y menor  cobertura  por  la distribución población nacional no es admisible ya que parte de un diagnóstico inadecuado. Sólo en el último año el número de activos ha descendido en 127.700. Y desde el tercer trimestre de 2012 el descenso ha sido de 798.600. El descenso de la población activa no va a resolver el desempleo estructural, que precisa de políticas formativas específicas.

UGT considera que la liberación de gasto que se produce por el menor número de trabajadores activos debe servir para incrementar los recursos y mantenimiento de poder de compra de las pensiones ya que su importancia es creciente. Según los datos de la última  Encuesta Anual de Estructura Salarial Año 2015 un 34,76% de los hogares tiene como fuente principal de ingresos las pensiones.
Los objetivos déficit y la rigidez de las medidas que conllevan  tendrá efectos muy negativos en los ciudadanos y en el desarrollo de políticas sociales por la Comunidades  Autónomas y municipios. Se aleja aún más la posibilidad  de atenuar los efectos de la devaluación salarial  y precariedad laboral que ya sufre la sociedad española. Según los datos de Eurostat, que  la renta disponible bruta per cápita en nuestro país ha descendido un 10,5% en términos reales de 2009 a 2015, la tercera mayor caída de toda la UE, tras las registradas en Grecia y Chipre.

El Gobierno ha anunciado el inicio de la negociación para el incremento salarial en la función pública pero UGT reclama también un mayor compromiso con el incremento de la tasa de sustitución y rechaza la evolución negativa del número de empleados públicos Seguridad Social (-13,1) Administración Central (-9,8) CCAA (-7%) y las Entidades Locales (-7%).

Más recursos en políticas sociales e ingresos

Para UGT, es necesario incrementar el gasto de políticas sociales y actuar sobre los ingresos estableciendo un marco recaudatorio justo que grave, en mayor medida la base de beneficio empresarial generado en este ciclo económico, y elimine deducciones que no persigan el cumplimiento de objetivos prioritarios y medibles, así como reoriente recursos para la lucha contra el fraude y evite medidas normativas que lo fomenten. El tratamiento unitario de las rentas del trabajo y del ahorro implicaría una mejor justicia según el nivel de ingresos y no de su origen, eliminado deducciones menos básicas y la desaparición de elementos regresivos del actual esquema tributario.

Es muy negativo que la planificación económica descanse sobre un crecimiento basado en bajo coste laboral y bonificaciones que no absorba el beneficio empresarial. Y un riesgo mayor.  Si en el diseño de esta planificación sobrevuela que unos de los instrumentos de recaudación y la concreción de los tramos del IRPF se convierta en objeto de negociación para la formación de mayorías parlamentarias y cuyo resultado final puede potenciar los efectos lesivos sobre los ciudadanos por la pérdida de recaudación.

UGT propone el desarrollo de políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible,  con mayor innovación y mediante el fortalecimiento del mercado laboral. Es fundamental actuar donde existan necesidades estructurales: colectivos de mayor edad, la incorporación de los jóvenes sin brechas y el desarrollo de forma definitiva y real de medidas que impliquen un mayor compromiso en igualdad y conciliación. Una contratación de calidad, que participe del crecimiento económico y no basada en bajo coste laboral y que su evolución positiva permita solucionar las necesidades presentes de los hogares de nuestro país y consolide una mayor capacidad de financiación de la prestaciones futuras y atenúe los efectos de una crisis en los trabajadores y hogares todavía perdura.