​80 millones de trabajadores en Europa no tienen una cualificación reconocida y de ellos, 12.400.000 son españoles, que representan al 54,4% de la población activa de nuestro país (según la EPA global de 2013). España, que ronda puntualmente los 6 millones de trabajadores en desempleo, “necesita tener el acicate continuo de la formación”. Un esfuerzo que corresponde al actual modelo de formación. Un modelo que funciona pero que necesita cambios para ser más eficaz. Teresa Muñoz, Secretaria de Formación de UGT, ha señalado ayer, en el programa de Hora 25 de la Cadena Ser​ que “nadie duda que los cursos que formación sirvan” y que en el 2012 casi 4 millones de trabajadores, ocupados o en desempleo, han pasado por los cursos de formación.

Muñoz recordaba que el actual modelo de formación comenzó su andadura en el año 93, cuando los primeros acuerdos de formación eran gestionados únicamente por los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Un modelo en continua evolución puesto que todos los años “cuando nos sentamos a negociar las distintas convocatorias para el Estado y las Comunidades Autónomas hay una serie de modificaciones” Modificaciones que atienden a incorporar en el sistema las distintas recomendaciones sobre esta materia del Tribunal de Cuentas, la Inspección General del Estado, la Comisión Europa, las normas que surgen de sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional,…

No obstante, Muñoz ha defendido que el modelo de formación debe compatibilizar flexibilidad y estabilidad, pues en un año hay periodos valle, 3, 4, 5 meses, en los que no se gestiona formación. Además, tenemos que “ser capaces, entre todos los intervinientes, de evaluar el impacto de la formación sobre el empleo”, una asignatura pendiente que tiene el sistema. Se trata de ver si los euros que ponen los empresarios y los trabajadores sirven para el fin para el que se diseñan los cursos.

El caso Andalucía

Teresa Muñoz, en respuesta a una pregunta sobre las supuestas irregularidades en determinados cursos de formación que afectan a todos (caso Pallerols, Aneri y Andalucía) ha aclarado que “no es el caso de UGT Andalucía sino el caso de Andalucía. Nadie discute que UGT Andalucía ha dado todos los cursos, con un buen nivel de eficacia y los alumnos que han participado tienen su certificado de asistencia y han mostrado un nivel satisfactorio con el curso que se ha impartido”- ha afirmado. “Sí es verdad que parece haber problemas con la justificación económica de estos cursos. Ya se han devuelto cantidades y, en estos momentos, estamos en un proceso de doble revisión, cosa que no se ha iniciado en otras entidades. Una revisión por parte del Juzgado de Sevilla y de la propia Junta de Andalucía. No nos cabe ninguna duda- ha dicho Muñoz- que UGT Andalucía va a asumir las responsabilidades correspondientes pero hay que dar tiempo para que se concluyan los trabajos”.

Muñoz ha reiterado que los cursos están hechos y que eso tiene una cuantificación económica, que ya se han devuelto las facturas que no están bien encajadas en el proceso de certificación y que, por supuesto, si se confirman determinado tipo de actuaciones, serían lamentables e inaceptables.

La Secretaria de Formación de UGT ha afirmado que no hay un problema de gestión en los cursos de formación, sino que hay que mejorar las reglas para saber qué es lo que se puede justificar, en qué porcentaje, qué es subvencionable en un curso y qué no, qué es un gasto deducible y qué no. “El problema es que estamos en un modelo disperso en el conjunto de las CCAA que se dota de unas normas a la hora de justificar y que tienen, por desgracia, un porcentaje muy alto de interpretación de la justificación. Y eso corresponde a los distintos órganos gestores (Junta de Andalucía, Servicio Público de Empleo Estatal, la propia Fundación Tripartita, etc.).​