​La Unión General de Trabajadores considera que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente aunque la considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema, pero resulta insuficiente.

Muchas de las situaciones que se están produciendo, tienen su origen en el incremento vertiginoso de la factura de la luz, por ello, es fundamental una reforma en profundidad del mercado eléctrico que establezca el precio de Kwh en función de su coste real de generación, algo que terminaría con el actual sobrepago a las empresas eléctricas.

Además, se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El sindicato defiende que es preciso reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien esencial, el IVA aplicado es del 10%.

Para UGT, el bono social, se debería desarrollar por medio de una ley que establezca la garantía del acceso de toda la población a un suministro básico de electricidad, y que defina los destinatarios del mismo, es decir, qué se entiende por consumidor vulnerable, con criterios basados fundamentalmente en los ingresos y el número de miembros de las familias.

En este sentido, el sindicato propone el establecimiento de varios niveles de ayuda en estos bonos, en función de los referidos ingresos y del número de miembros de la unidad familiar, implantando varios tramos basados en estos criterios; que se eliminen las referencias a la potencia contratada al considerar que este parámetro carece de relevancia a estos efectos, así como a la tarifa a la que se encuentren acogidos los consumidores beneficiarios; y también se debería eliminar el requisito de familia numerosa porque tampoco discrimina situaciones de vulnerabilidad.

En definitiva, el criterio que debe prevalecer es el de las rentas e ingresos y se debería considerar como consumidores vulnerables y por tanto, a aplicar el bono social, a todos los consumidores de electricidad cuya unidad familiar se encuentre por debajo de los niveles de renta que se definirán en función del IPREM que en la actualidad asciende a 7455,14 €/año (532,51 €/mes). Para el conjunto de los colectivos afectados, se eliminaría en la factura eléctrica el impuesto de la electricidad del 4,96% y se aplicaría el tipo súper reducido del 4% de IVA.