​La Unión General de Trabajadores quiere denunciar los intereses económicos que se esconden tras las informaciones que plantean la existencia de un fraude generalizado por parte de los trabajadores en situación de incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad, a lo que se denomina absentismo de forma incorrecta.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como "la no asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas, y el absentismo laboral de causa médica como el periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo".

Según el informe Adecco sobre absentismo de noviembre de 2017 (en el que se basan la mayoría de las informaciones mencionadas) en 2016 se computaron 255 horas pagadas y no trabajadas por cada trabajador, de las que el 68,6% correspondían a vacaciones y festivos y el 30,8% a otras razones: El 21,9% a incapacidad temporal, el 4,3% a permisos por maternidad, y sólo el 1,2% a ausencias injustificadas, es decir, absentismo.

​Para UGT resulta sorprendente que de estos datos surja una sospecha de fraude en el uso y gestión de la IT, que en ningún caso debería considerarse absentismo, en lugar de una motivación para analizar el estado de salud de los trabajadores, las condiciones de trabajo que puedan provocar esas situaciones, o si subyacen otro tipo de razones que influyan en el estado físico de la población laboral.

Es necesario recordar que la Incapacidad Temporal no depende de la voluntad del trabajador o trabajadora, sino que es una decisión que toma un facultativo de atención primaria según criterios profesionales.

UGT no admite que haya empresas o entidades que defiendan sus intereses particulares y amplíen su cuota de negocio a costa de la privatización de actividades y competencias de la sanidad pública. No compartimos que para ello se llame absentismo a la enfermedad, o se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral.

UGT ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asuman la gestión de la IT por enfermedades comunes, y considera que este tipo de decisiones sobre la salud del trabajador debe permanecer en el ámbito de los profesionales del sistema sanitario público, que precisamente por esa condición de público garantizan que sus decisiones están fundamentadas sólo y exclusivamente en razones médicas.

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