​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha manifestado la necesidad de “duplicar la dotación que el Ministerio de Empleo presupuesta para políticas activas de empleo, de manera que los servicios públicos de empleo puedan garantizarse con calidad para todas las personas de nuestro país”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la jornada sobre el presente y el futuro de las políticas de empleo para jóvenes y parados de larga duración, organizadas por la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha señalado que, “al menos, se debe destinar el 50% del importe que se obtenga anualmente de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida para políticas activas de empleo, con el fin de conseguir más que duplicar los recursos actuales destinados a esta materia y aproximarnos a los estándares europeos”.

Durante la jornada, Barrera ha señalado que los altos niveles de desempleo y de paro de larga duración y la mala calidad del empleo que existe están haciendo mella en los sistemas de protección para los trabajadores.

De esta forma, durante 2015 “ha disminuido el número de bajas de beneficiarios del sistema de protección por desempleo en seis millones, de los cuales casi dos millones se produjeron por agotamiento de la prestación, no por haber encontrado un empleo”.

“Ha sido el paro de larga duración el principal factor de este descenso del número de beneficiarios que, a su vez, ha provocado que la tasa de cobertura continúe con su senda de descenso vertiginosa, ya que el sistema protege a menos del 55% de la población desempleada cuando en 2010 la protección alcanzaba a cerca del 80%”.

Además, este descenso de los beneficiarios “y las menores cuantías de las prestaciones (debido al aumento de las prestaciones asistenciales sobre las contributivas por los extensos periodos de desempleo) han provocado un descenso el gasto público en esta materia, de tal forma que el Estado está ahorrando a costa de las personas en desempleo”.

El Ejecutivo, con sus políticas, “está aumentando los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el 45% de los desempleados se encontraba en situación de pobreza monetaria. Además, la pobreza entre la población desempleada ha aumentado de manera notable en los últimos años (14 puntos más que en el año 2009)”.

Una situación que no se está subsanando con los programas que están en vigor, tanto el PREPARA como el PAE o el Plan de Garantía Juvenil, ya que el Gobierno ha recortado los requisitos produciendo una disminución en el número de beneficiarios y en las ayudas económicas.

Por todo ello, Barrera ha exigido “ejecutar el total de las partidas presupuestadas para los programas de protección que están en vigor y el aumento del presupuesto en políticas activas, ya que entre 2010 y 2015 ha disminuido un 40%, a pesar del aumento del desempleo en casi un 3%”.

Para UGT, el aumento de este presupuesto durante los dos últimos ejercicios “ha quedado absorbido por el aumento de determinadas partidas que tienen como destino el sector privado: agencias privadas de colocación y empresas, a través de las bonificaciones a la contratación”.