El nuevo curso universitario comienza esta semana con un millón y medio aproximado de estudiantes y con la participación de más de ciento cincuenta mil trabajadores universitarios (incluyendo profesorado y personal de administración y servicios). Datos que han ido disminuyendo en los últimos cuatro años, en los que se han perdido 134.000 alumnos y ha disminuido la plantilla de PDI en un 6,6% según publica el informe de la Fundación CyD.
La entrada en vigor de medidas aprobadas por la LOMCE como el RD de reválidas, uno de los elementos más rechazados de la ley educativa, y la persistencia de recortes marca el inicio del curso 2016-2017.
La Unión General de Trabajadores considera que el nuevo Gobierno tiene que derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y sustituirla por una nueva Ley asentada en un pacto social y político por la educación que tenga como objetivos resolver los problemas más graves del sistema educativo español, en especial, el abandono temprano, la desigualdad de oportunidades y el elevado fracaso escolar.
¿Por qué?
Es una ley impuesta que no da respuesta a las necesidades de nuestro sistema educativo, que ha sido altamente cuestionada por la comunidad educativa y está basada en la segregación y la exclusión y genera un modelo educativo empobrecido en el que se lesiona la equidad.
¿Cómo?
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que los servicios públicos “son la garantía de derechos y libertades para los ciudadanos, y son la pieza fundamental del Estado de Bienestar de nuestro país”.
Tel: 
FeSP-UGT (Enseñanza)