Nueva entrada en el blog "Valor Sindical" de Pepe Álvarez

Incomprensible, desconcertante o, simplemente, “menuda cara”, son algunos de los calificativos que a casi todos se nos han venido a la cabeza al conocer el fallo del pleno del Tribunal Supremo, que llevaba dos días deliberando y que decidió recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre y señalar que quien pagará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) será la parte más débil (el cliente) y no los bancos o prestamistas. Y eso a pesar de que son las entidades financieras, quienes en la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para así poder ejercitar la acción ejecutiva y préstamo.

Con ese nuevo cambio de criterio, se genera otra vez incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Justicia, muy devaluada desde hace tiempo. Razón por la que los ciudadanos y ciudadanas hemos mostrado su malestar frente a los juzgados, que han visto como por una supuesta razón de alarma económica esgrimida por el Supremo, se volvió a revisar la doctrina y la interpretación que el alto tribunal estaba haciendo sobre esta materia.

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