La economía española crece desde 2014, y las empresas ya obtienen beneficios superiores a los de antes de la crisis. Sin embargo, eso no está sirviendo para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los hogares.

Esto sucede en gran medida porque las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 han devastado el funcionamiento normal de sistemas y mercados básicos, perjudicando a una mayoría ciudadana. Se recortaron prestaciones sociales (por desempleo, dependencia, rentas sociales) y servicios esenciales (sanidad, educación). Se aprobó una reforma de pensiones que reducirá el poder de compra de los pensionistas un 30% en los próximos veinte años. Se impuso una reforma laboral en 2012 que desequilibró la negociación colectiva y creó las condiciones perfectas para que el empleo sea esencialmente precario: temporal, a tiempo parcial, mal pagado, inseguro. Paralelamente, se rescató a la banca con más de 100.000 millones, y se aprobó una amnistía fiscal que benefició a defraudadores y corruptos.