​Se ha celebrado en la ciudad de la justicia el juicio de los compañeros Nichi y Carlos, miembros de la Federación de Servicios para a la Movilidad y el Consumo que estaban acusados por desorden público, por hechos que se produjeron durante la huelga general del año 2012. Se pedía una pena de dos años de privatización de la libertad.

Después de que tanto la acusación particular como el ayuntamiento de Barcelona han desistido de la causa, el ministerio fiscal, reconociendo que los hechos no revestían la suficiente gravedad, ha rebajado su petición de pena a 3 meses de privatización de la libertad.

A continuación, los abogados defensores de nuestros compañeros han pedido la suspensión de la pena, que ha sido aceptada por la jueza, dando por finalizado el procedimiento.

Desde la UGT creemos que las imputaciones, con petición de prisión, dirigidas contra el movimiento sindical y sus militantes, por el ejercicio legítimo e constitucional del derecho a huelga, suponen una restricción de los derechos y libertades básicas de los ciudadanos y ciudadanas.