Hoy se cumplen tres años desde que el régimen autoritario de Bielorrusia decidió acabar con los sindicatos libres del país. Desde entonces, más de cien sindicalistas han sido detenidos, algunos condenados a largas penas de cárcel sin juicio justo, otros obligados al exilio. Las organizaciones sindicales independientes fueron disueltas por decreto. Las que quedaron fueron convertidas en aparatos al servicio del poder. La persecución fue tan brutal que hoy Bielorrusia es uno de los diez peores países del mundo para la clase trabajadora, según el Índice Global de Derechos de la CSI.

Podríamos pensar que esto ocurre lejos, que no nos afecta. Pero no es así. La represión en Bielorrusia es un espejo incómodo que nos recuerda qué ocurre cuando el sindicalismo desaparece y con él, la posibilidad de organizarse, defender derechos o simplemente levantar la voz y, como consecuencia, la democracia desaparece.

Frente a esa represión, los sindicatos bielorrusos no han dejado de luchar. Gracias a la solidaridad internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha invocado el artículo 33 de su Constitución, una medida excepcional que se aplica cuando un país ignora de forma sistemática los principios fundamentales de las relaciones en el trabajo. Es la primera vez en casi dos décadas que se recurre a esta vía. No se trata de una formalidad: se trata de decir, alto y claro, que no se puede permitir que un país encarcele a quienes defienden los derechos laborales.

Desde UGT y CCOO hemos trasladado esta posición al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación solicitando su apoyo en acciones de ámbito nacional en solidaridad con los representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras de Bielorrusia. España, como Estado miembro de la Unión Europea y miembro del Consejo de Administración de la OIT, debe seguir denunciando la violación de los derechos sindicales en todo el mundo. Pedimos una reacción firme, tanto a nivel diplomático como en el marco de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá lugar en junio. Entre otras medidas, solicitamos que se impida la participación de la delegación oficialista bielorrusa en la próxima Conferencia, que se promueva una misión humanitaria independiente para visitar a los sindicalistas encarcelados y que se refuercen las iniciativas ante Naciones Unidas para que el caso no quede impune. No hablamos solo de solidaridad internacional —que también—, sino de la defensa de unos principios básicos que, si se dejan erosionar en un país, acaban debilitándose en todos.

La democracia no solo se mide solo en votos o parlamentos. Se mide también en la libertad de organizarse, de sindicarse, de negociar colectivamente. Y cuando esos derechos desaparecen, lo que queda es miedo, silencio e injusticia.

Desde CCOO y UGT afirmamos que el sindicalismo no es un delito. Es una herramienta de justicia. Y por eso —desde España, desde Europa, desde cualquier rincón donde los derechos se defiendan— no vamos a dejar solos a nuestros compañeros y compañeras de Bielorrusia.
 

Lee aquí el comunicado conjunto de UGT y CCOO completo.