​La Unión General de Trabajadores viene alertando del retroceso social, político y democrático que se está produciendo en Brasil y del ataque contra el avance y empoderamiento de la clase trabajadora en brasileña.

Ante la sentencia en primera instancia que condena al expresidente Lula, en un proceso judicial con tintes políticos, poco claro y que está siendo cuestionado por numerosos agentes internacionales por la falta de pruebas y por la insalubre relación entre los poderes legislativo y judicial brasileños, UGT expresa su preocupación por la continuidad de una campaña política calificada desde diferentes ámbitos como un golpe de estado en curso que ya ha alterado el mandato democrático obtenido en las urnas por Dilma Rousseff y que pretende impedir la candidatura de representante del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales de 2018.

Esta sentencia coincide en el tiempo con una reforma laboral del presidente Temer (reprobada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y duramente contestada por las grandes centrales sindicales de aquel país), con una evidente contrarreforma social impulsada por la derecha y la oligarquía liberal brasileña, así como con el peligroso cortejo del ejecutivo con el ejército del gigante sudamericano, lo que trasluce una estrategia turbia y antidemocrática del presidente Michel Temer en un momento en el que su gobierno bate su propio récord de impopularidad (a penas un 7%), y él mismo está siendo investigado por seria corrupción ante la aparición de pruebas irrefutables.

Los intereses de los sectores políticos más conservadores y reaccionarios de Brasil y del capital nacional e internacional, ayudados por las grandes corporaciones mediáticas, siguen avanzando en su agenda de revertir los avances sociales y políticos que en los últimos catorce años se han producido en uno de los países más ricos y desiguales del mundo, dando un salto atrás en la creación de millones de empleos, la lucha contra la pobreza y las eficientes políticas públicas sobre educación, sanidad, vivienda, empleo, etc. y demonizando a sus promotores.

La sentencia contra Lula y la reforma laboral de Temer parecen partir de la misma mano: debilitar a la clase trabajadora con instrumentos legales (una durísima reforma laboral que destruye convenios colectivos, elimina el poder de negociación de los y las trabajadoras, agiliza el despido, jornadas laborales de doce horas, negociación individual entre la empresa y el trabajador, facilita la tercerización de las actividades empresariales, introduce la jornada intermitente o reduce la responsabilidad del empleador en lo que se refiere a normas de salubridad, higiene y seguridad laboral, etc. o el controvertido Decreto de Garantías de Ley y Orden en el Distrito Federal), jurídicos (como la sentencia contra Lula) y económicos.

Ante esta situación, UGT manifiesta su apoyo a los sindicatos brasileños, a los movimientos sociales, a las y los trabajadores y toda la ciudadanía de Brasil que se mantiene movilizada en el país para detener este camino de quiebra institucional y democrática, reversión de derechos e involución social.