​En Madrid, los días 27 y 28 de mayo de 2015, se ha celebrado el cuarto Comité Confederal de la Unión General de Trabajadores, que ha aprobado por mayoría, la siguiente

DECLARACIÓN

I. Contexto económico y político

El Comité Confederal ha analizado el Informe de la Comisión Ejecutiva Confederal sobre la situación política y económica actual en España, que muestra un escenario muy complejo, que sigue fuertemente condicionado por el negativo impacto que ha tenido en nuestro país la crisis económica que comenzó en 2008 y, de manera incluso más determinante, las políticas de ajuste que se han desarrollado desde entonces, especialmente las ejecutadas por el actual gobierno del Partido Popular (PP). Aunque los datos reflejan la paulatina consolidación de una fase de crecimiento económico, la crisis, con sus múltiples y lacerantes caras, continúa vigente, haciéndose muy visible en el elevado nivel de desempleo, la creciente precariedad, los bajos salarios, la pérdida de calidad de los servicios públicos y el aumento de las situaciones de exclusión social y pobreza. Hemos salido de la recesión, pero no de la crisis. Paralelamente, el gobierno conservador del PP ha acometido un recorte de derechos laborales, sociales y fundamentales que, junto al empobrecimiento colectivo mencionado, configuran un escenario de regresión económica y social de dimensiones alarmantes. 

Este escenario exige adoptar, con carácter de urgencia, un cambio de políticas económicas a nivel europeo y en nuestro país, que ponga en el centro la mejora de la calidad de vida de las personas. Este cambio debe dirigirse a resituar a nuestro país en la senda del crecimiento económico equilibrado, sólido y sostenible, crear empleo estable y con derechos, reducir las desigualdades de todo tipo, mejorar la redistribución de la renta y a reducir la pobreza, fortalecer los servicios públicos y reforzar el sistema de protección social. Además, es preciso acometer las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, lo que pasa por elevar la transparencia y control del funcionamiento de las mismas y por luchar con eficacia contra la corrupción en todos los ámbitos. 

Precisamente, en la defensa de los derechos esenciales y de la recuperación de libertades básicas, el Comité reclama expresamente del gobierno la retirada de la Ley de seguridad ciudadana, la denominada ”ley mordaza”, que criminaliza la legítima protesta y establece normas más propias de un estado policial, y solicita de las distintas formaciones políticas que asuman entre sus compromisos para las próximas elecciones generales la modificación radical de esta norma. Igualmente, el Comité manifiesta su protesta contra los procedimientos administrativos y penales abiertos a centenares de sindicalistas, y su apoyo a la libertad sindical y al ejercicio al derecho de huelga, insistiendo en la necesidad de impulsar todas las acciones legales adecuadas para dar solución a este atropello.

En este sentido, para UGT el Auto de la Audiencia Nacional suspendiendo la huelga convocada por la Asociación Española de Futbolistas, vulnera el derecho a la huelga constitucionalmente protegido.

También para garantizar los derechos sociales y laborales de los trabajadores, el Comité reclama la necesidad de impulsar la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea revisada y el Protocolo Adicional de Reclamaciones Colectivas. Y reafirma la importancia de las quejas y reclamaciones que ha interpuesto UGT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la reforma laboral, por violación de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, sobre la insuficiencia del salario mínimo en nuestro país, y sobre las restricciones impuestas al derecho de huelga y la criminalización de su ejercicio. Igualmente, destaca el hecho de que hayamos logrado trasladar a dos Conferencias de la OIT la discusión sobre la política de empleo practicada en España, puesto que puede estar incumpliendo el convenio 122 de esta Organización.

II. Valoración de las elecciones autonómicas y municipales de 24 de mayo

El Comité ha analizado los resultados de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado domingo día 24 de mayo, así como el escenario que determinan. El resultado más destacable de estas elecciones ha sido el duro castigo que ha sufrido el Partido Popular, que, pese a haber sido el partido que ha recibido globalmente más votos, ha perdido de manera incontestable la posición predominante que mantenía en la mayorías de Comunidades Autónomas y gran número de municipios, entre ellos muchas de las principales plazas. Ha sido un varapalo sin paliativos, incluso en bastiones emblemáticos para esa formación.

Para el Comité Confederal esta circunstancia refleja el contundente rechazo de una mayoría de ciudadanos y ciudadanas a las políticas que los gobiernos de este partido, tanto a nivel nacional como autonómico, han desarrollado en los últimos años, así como al ideario profundamente conservador que representa. Esta es, a juicio del Comité, la primera y gran conclusión del proceso celebrado el domingo: la población ha apostado por un giro a la izquierda, por un cambio de progreso. En este nuevo marco político, el cuarto Comité Confederal reafirma la voluntad de la Unión General de Trabajadores de influir sobre las distintas fuerzas políticas para que trasladen a sus programas y a su acción de gobierno las actuaciones e iniciativas pertinentes para ayudar a construir el modelo de sociedad progresista que determinan nuestro ideario y valores, recogiendo la voluntad expresada por la mayoría de la ciudadanía en la recuperación de los derechos, incluyendo la derogación de la reforma laboral.

Además, el descontento y las ganas de cambio real de la ciudadanía se han traducido en un importante apoyo a formaciones políticas que antes no tenían representación institucional, como Podemos y Ciudadanos, que han logrado unos resultados impensables hace tan solo un año, con opciones incluso de gobernar en comunidades y ayuntamientos, en solitario o en coalición. Su auge ha erosionado el bipartidismo que han representado hasta ahora PP y PSOE, que aunque siguen siendo los partidos más votados con notable diferencia, pierden en gran medida su posición dominante. El PSOE, no obstante, sale reforzado de estos comicios, puesto que pese perder globalmente votos respecto de 2011, gana expectativas de gobierno autonómico y local, y puede recuperar muchos importantes sitios que estaban en manos del PP, algunos desde hace décadas. Otras formaciones, como Izquierda Unida (IU) y Unión de Progreso y Democracia (UPyD), se han visto muy perjudicadas por la competencia directa por el voto con Ciudadanos y Podemos (o las formaciones de coalición en las que esta se integraba), perdiendo muchos votos y capacidad de influencia institucional. 

En todo caso, se presenta un nuevo escenario político más fragmentado, que requerirá, en mucha mayor medida que antes, de pactos y apoyos entre diferentes fuerzas para poder ejercer la acción de gobierno con un grado de estabilidad razonable. 

Además de constatarse la pérdida de apoyo ciudadano, el nuevo mapa de poder territorial va a dificultar mucho que el gobierno de Mariano Rajoy ejerza de manera eficaz y coherente, lo que unido a las tensiones internas que ya están empezando a aflorar en el partido que lo sustenta, configuran un escenario de inestabilidad e incertidumbre política que puede perjudicar las capacidades y expectativas de recuperación económica de nuestro país. Por todo ello, el Comité Confederal solicita al Presidente del Gobierno que anticipe la convocatoria de elecciones generales.

III. Situación del diálogo social

II.1. Dialogo bipartito: el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2015-2017

El Comité ha analizado con detalle el texto del preacuerdo alcanzado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME sobre un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para el período 2015-2017 (III AENC). En conjunto, el Comité considera que se trata de un acuerdo muy valioso, cuyo contenido es plenamente coherente con el cumplimiento de los objetivos esenciales que adoptó el tercer Comité Confederal como criterios centrales para que UGT suscribiera un acuerdo de esta naturaleza: el impulso del empleo, de calidad y con derechos, el reforzamiento de la negociación colectiva, la promoción de un modelo de relaciones laborales con más garantías, y la determinación de un modelo salarial que contribuya a reactivar la demanda interna y el empleo y a reducir las desigualdades. 

En cuanto a su contenido, el Comité ha destacado como especialmente importantes varios de los criterios recogidos: la apuesta que se hace en el mismo por la contratación indefinida desde el inicio de la relación laboral; la promoción de la igualdad de trato y oportunidades; el fomento de la contratación de los jóvenes y de las personas con discapacidad; el reforzamiento de la vinculación de la formación y cualificación profesionales con la negociación colectiva; la apuesta por los instrumentos de flexibilidad negociada frente a los despidos; la contribución a la prevención de riesgos y la reducción de la siniestralidad; la importancia de impulsar y acudir a las Comisiones Paritarias y los sistemas autónomos de solución de conflictos para resolver discrepancias; y el establecimiento de una política salarial acorde con la nueva etapa de expansión, que supone ganancias de poder de compra para los asalariados. 

Como conclusiones, el Comité quiere señalar tres ideas esenciales que se desprenden del Acuerdo. La primera, que los criterios recogidos en el Acuerdo, que contribuyen a apuntalar la reactivación y a generar más y mejor empleo, son incompatibles con políticas públicas que supongan nuevos recortes y estrangulamientos presupuestarios, sino que para que su impacto positivo sobre el conjunto de la economía sea plenamente efectivo, requiere de una nueva política económica que ponga en el centro la reactivación y la generación de empleo.

La segunda idea, relacionada con la anterior, es que la devaluación salarial se ha terminado, y ahora toca que los trabajadores recuperen paulatinamente el poder de compra perdido durante la crisis, y aumenten su participación en la renta nacional. 

La tercera concusión es que el consenso reflejado en el Acuerdo en materia de gestión de la negociación colectiva y de las relaciones laborales, que debe contribuir a reducir los conflictos en las empresas, no puede quebrarse con nuevas medidas unilaterales de reforma de la normativa laboral. Una actuación discrecional del Gobierno en esta materia supondría un atentado fatal para el Acuerdo. 

Por todo ello, y en coherencia con la habilitación concedida a la CEC por el 3er. Comité para firmar los acuerdos que se derivaran del diálogo social, el cuarto Comité ha ratificado el preacuerdo alcanzado. 

II.2. Diálogo tripartito 

Con relación al desarrollo del diálogo social tripartito, y a pesar de que se han logrado algunos acuerdos puntuales muy destacables, el Comité considera que el saldo global de los resultados obtenidos resulta hasta el momento insuficiente, debido fundamentalmente a la falta de ambición y concreción por parte del Gobierno de las iniciativas planteadas durante el proceso, contenidas muchas de ellas en los textos consensuados desde que se retomó formalmente el proceso de diálogo el 18 de marzo de 2014, y fundamentalmente tras la firma del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, de 29 de julio de 2014.

El cumplimiento de lo pactado en ese Acuerdo ha sido muy desigual. Entre los acuerdos alcanzados, cabe destacar los relativos a la extensión de la protección por desempleo, al pago de prestaciones del FOGASA, a la mejora de la tributación de las indemnizaciones por despido o la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. De todos, el que ha tenido más repercusión social ha sido el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, que aumenta la protección a los desempleados con mayores dificultades de inserción, y que siendo un logro muy importante, está teniendo unos pobres resultados. La situación de la protección por desempleo en nuestro país exige que aumente mucho más que lo alcanzado con el mencionado Acuerdo, por lo que este Comité valora muy positivamente la propuesta de una Prestación de Ingresos Mínimos que UGT está promoviendo conjuntamente con CCOO, y que se está tramitando como una Iniciativa Legislativa Popular.

En materia de Formación Profesional para el Empleo, se publicó el Real Decreto Ley que viene a sustituir la anterior normativa en esta materia, después de más de veinte meses de negociación tripartita, y que concluyó sin acuerdo. 

Además, el Comité hace un llamamiento para el Gobierno haga las gestiones pertinentes para desarrollar todos los temas pendientes en el proceso de diálogo, que son trascendentes para avanzar en el camino del progreso que necesita nuestro país: política industrial, pensiones, sanidad, servicios sociales, salario mínimo, fraude fiscal, rentas mínimas, empleo y salarios en las Administraciones Públicas, mapa de negociación colectiva,…, por citar algunos de los recogidos explícitamente en el Acuerdo de 29 de julio. La situación de nuestro país exige un mayor esfuerzo por parte del Gobierno y de las organizaciones empresariales, en línea con el que está realizando la Unión General de Trabajadores, con aportaciones para construir una salida más sólida y solidaria de la crisis y cambiar nuestro modelo de crecimiento. 

Por eso el Comité Confederal exige tanto al Gobierno como a las organizaciones empresariales una mayor implicación en el proceso de diálogo social y mayor coherencia entre su discurso y sus actuaciones concretas. 

IV. Cambiar las políticas a nivel internacional 

El Comité ha reiterado su convencimiento de que la salida de la crisis y la construcción de un espacio colectivo de bienestar y desarrollo en el ámbito europeo requieren de políticas coordinadas en ese ámbito supranacional, que empujen en la misma dirección que las nacionales. Hasta el momento, y aunque la nueva Comisión ha apuntado a un cierto cambio de objetivos y planteamientos, en el sentido positivo de rebajar un tanto el rigor de la austeridad, lo cierto es que en la práctica no se ha observado un giro con la contundencia que necesita la zona. 

En este sentido, el Comité alienta a la CEC a seguir impulsando y fortaleciendo los instrumentos de la acción sindical internacional, como son la CES, la CSI y el G20 sindical, para influir en la determinación de las políticas europeas e internacionales y lograr que estas sirvan mejor a los objetivos de creación de empleo de calidad, lucha contra el dumping social y contra el fraude fiscal, fortalecimiento de los sistemas de protección social y garantía de los derechos fundamentales y de ciudadanía. 

En este ámbito de acción internacional, el Comité ha mostrado su preocupación por cuatro cuestiones específicas:

• La falta de agilidad y contundencia de la Comisión para implementar un plan de inversiones a la altura de las exigencias de la situación económica de la Unión. El Plan Juncker apenas si supone una declaración de buenas intenciones, sin capacidad financiera real para relanzar la economía de la zona, lo que no contribuye a alejar los riesgos de estancamiento y recaída de la actividad europea, con las funestas consecuencias que tendría esa circunstancia. El Comité reitera la necesidad de que se ponga en marcha un programa de inversiones más ambicioso, como el propuesto por la CES ("Un nuevo camino para Europa”), que promueve inversiones transnacionales en redes clave para el desarrollo durante un período de 10 años, para impulsar la creación de 11 millones de nuevos empleos en la UE.
  
  
• La ausencia de medidas específicas para abordar el problema de la elevada deuda en la eurozona. El problema del elevado endeudamiento en los países del área euro sigue siendo un lastre para el crecimiento de la zona, y amenaza con derivar en una crisis como la vivida en años anteriores. La situación financiera de Grecia, y la errónea manera de afrontarla que están adoptando las instituciones europeas, supone un elemento de constante fricción políticas que va en contra de la recuperación de la zona y que plantea muchas dudas sobre el propio proyecto común europeo. Es necesario adoptar medidas de mayor relevancia que las aplicadas hasta el momento, que pasan por la mutualización solidaria de la deuda o la aplicación de un plan de reestructuración ordenada de la misma.
   
  
• Los negativos efectos que puede tener la firma del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) con EEUU. El Comité insiste una vez más en la necesidad de frenar estos acuerdos mientras no se modifiquen los aspectos más perjudiciales de los mismos contra los servicios públicos y contra los derechos laborales, sociales y ciudadanos, y se aumente la transparencia real de esas negociaciones. El Comité apoya todas las acciones pertinentes que, en coordinación con la CES, sirvan para lograr esos objetivos. 
  
  
• ​La falta de iniciativas de altura a nivel europeo para atajar el problema humanitario que constituye la inmigración irregular. Se trata este de un problema de toda Europa, y como tal debe ser enfrentado, otorgándole la prioridad que exige la existencia de unas dramáticas y vergonzantes cifras de muertos y desaparecidos en las aguas comunitarias, que resultan inaceptables desde todo punto de vista. Es preciso reforzar la política migratoria europea con los medios económicos, materiales y humanos precisos para realizar las labores de vigilancia de las fronteras exteriores eficazmente y garantizando siempre el respeto siempre de los derechos humanos. Pero también es preciso desarrollar medidas justas, éticas y eficaces dirigidas a los países de origen de los flujos migratorios. Todo ello debe componer una política europea coordinada y realista cuya prioridad sea salvar vidas y no proteger fronteras.
  

V. Cambios organizativos en UGT y convocatoria del 42º Congreso Confederal

La organización se ha ratificado en su voluntad de acompasar el funcionamiento del sindicato a las transformaciones que se están registrando en el mundo del trabajo y en la sociedad. El Comité Confederal eligió a la Comisión de reagrupamiento sectorial creada por el 41º Congreso, para la elaboración de un documento en el que se avanzara en las tareas necesarias para la implementación del artículo 8.16 de los Estatutos Confederales (EECC). Así mismo, en una reunión posterior, el Comité Confederal resolvió constituir una Comisión de trabajo que abordara la adecuación de las Uniones de Comunidad Autónoma (UCAS), estructuras y órganos Confederales al proceso de cambios en el que está inmersa la Organización.

El proceso de reagrupamiento de Sectores y constitución de nuevas Federaciones, aprobado por el 41º Congreso Confederal, abre una nueva etapa en UGT, con cambios hacia unas estructuras sencillas, ágiles y más eficaces, volcadas en la acción sindical en los centros de trabajo.

Fruto de los trabajos en ambas comisiones, 2016 se presenta como el año de la gran transformación de UGT. Se ha aprobado la propuesta del nuevo modelo organizativo de tres nuevas federaciones equilibradas entre ellas, con una mayor componente sectorial, estando aún pendiente la cuestión del ajuste perimetral de las mismas, que será resuelta como máximo en el Comité Confederal de noviembre de 2015. Esta labor será concretada, en términos de propuesta al Comité Confederal, por la Comisión de Reagrupamiento. Tras el 4º Comité Confederal delegaciones de las Federaciones correspondientes FSP-FETE, MCA-FITAG SMC-FES, iniciarán y desarrollarán las conversaciones para la aplicación, y profundización en su caso, del proceso de constitución y sectorialización de las nuevas Federaciones.

En el seno de las Comisiones, se han identificado una serie de cuestiones que deberían abordarse de cara a adecuar el marco normativo de las UCAS, existente en la actualidad, a la nueva realidad que se consolidará con la culminación del proceso recogido en el art. 8.16 de los EECC.

Entre otras cuestiones, se ha valorado que los titulares de las Secretarías Generales de las Federaciones se incorporen como miembros de la CEC y de las Comisiones Ejecutivas de las Uniones y las consecuencias prácticas que podría conllevar dicha incorporación. Este debate deberá tener mayor concreción por parte de la Comisión de Propuestas del 42º Congreso Confederal.

Debería además, considerarse la posibilidad de completar el listado de competencias de las UCAS, recogido en el art. 85 de los Estatutos Confederales, trasladando algunas que ya se encuentran recogidas en Normativa Interna pero no figuran aún en Estatutos.  

De otra parte, y en consonancia con uno de los objetivos principales de los cambios que están siendo acometidos, se considera oportuno contemplar que uno de los objetivos de la Organización debe ser el dotarse de instrumentos para poder desarrollar las tareas y prestar los servicios a la afiliación de una forma más racional, profundizando en la mancomunidad, que permita ajustar los costes para que estos sean los menores posibles sin que eso conlleve una pérdida de calidad de los mismos.

La Comisión también ha venido tratando que las UCAS, en sus respectivos Congresos, y siempre que esto sea determinado en el marco de sus estatutos, puedan decidir estructurarse en su territorio de manera heterogénea en función de las necesidades que permitan dar una mejor respuesta sindical a la afiliación.

Estos cambios en nuestra organización interna, afectan no sólo a las Federaciones, sino también al resto de estructuras y órganos confederales, que tendrán que integrarlos, en términos organizativos y competenciales. Esta nueva etapa, exigirá modificaciones en las normas y estatutos confederales, que habrá que identificar. Dichos cambios, iniciados e implementados ya por el anterior Congreso y los trabajos de las Comisiones de Trabajo creadas para ello, sólo pueden aprobarse en un Congreso Confederal, por lo que se plantea la necesidad de abordar una anticipación del Congreso Confederal ordinario.

En consecuencia, el 42º Congreso Confederal Ordinario de UGT se celebrará entre los días 9 y 12 de marzo de 2016, de tal manera que las actuales 6 federaciones, al celebrar sus congresos, tomarán la decisión sobre la propuesta de la nueva configuración según lo previsto en los Estatutos Confederales, antes de la celebración de este. Se establece como fecha límite para la Constitución de las 3 nuevas Federaciones el 22 de Mayo de 2016. 

Por su parte, las Uniones de Comunidad Autónoma, las Uniones Estatales y la Unión de Jubilados y Pensionistas celebrarán sus Congresos Ordinarios de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria del  42º Congreso Confederal.​

Declaración en formato PDF​