Artículo de opinión de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT, en el diario "Público"

En julio del año pasado, la ministra de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, citaba a los presidentes de CEOE y de CEPYME, y a los secretarios generales de CCOO y de UGT a la Mesa General del Diálogo Social, acordando crear cinco Mesas temáticas y poner en marcha un grupo de trabajo encargado de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Teníamos por delante un proceso de diálogo tan ambicioso como necesario y urgente, y nos reunimos antes de acabar ese mismo mes de julio para dar comienzo a dos de las Mesas, la de Empleo y Relaciones Laborales y la de Seguridad Social.

Tras más de una década de retrocesos, recortes y eliminación de derechos, justificados con la todopoderosa crisis económica y financiera, teníamos la convicción de que por fin se daban los elementos necesarios para acabar con tantos años de sacrificio soportado por la parte más débil de la relación laboral. No se podía esperar más tiempo para reconducir las relaciones laborales hacia el equilibrio en el que se sustenta nuestro derecho del trabajo.

Con esa convicción trabajamos durante los meses siguientes para poder alcanzar acuerdos: efectuamos propuestas, formulamos alternativas, realizamos mejoras a los textos que presentaba el Ministerio, e insistimos siempre en la necesidad de revertir las últimas reformas laborales y dar solución a los problemas que tanto deterioran nuestro mercado de trabajo y las propias relaciones laborales.

Un objetivo compartido por casi todos los que conformamos las Mesas, porque pronto se evidenció que una parte de los integrantes, la empresarial, no estaba dispuesta a perder ni un ápice del desmesurado poder que las últimas reformas laborales le habían otorgado, en especial la de 2012, a costa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores: la patronal se oponía sistemáticamente a cualquier modificación que implicara un cambio en la regulación. En cada reunión quedaba clara la imposibilidad de contar con su apoyo, pese a lo cual, demostrando una vez más nuestra responsabilidad, seguimos trabajando por el consenso.

Finalmente, en el mes de diciembre, gobierno y organizaciones sindicales logramos cerrar un número significativo de las materias tratadas en la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales al tiempo que las organizaciones empresariales corroboraban su postura. Sólo asumían el Plan de Choque por el Empleo Joven, que vio la luz a primeros de diciembre (se publicó en el BOE de 8 de diciembre de 2018) y la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas sobre jubilación forzosa cuando se cumplan los requisitos para obtener la pensión de jubilación contributiva (medida incluida en el Real Decreto-ley que el gobierno aprobó en ese mes de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo).

Del resto de materias, alguna se incluyó en ese RD-Ley de diciembre (como la derogación del contrato de apoyo a los emprendedores y otros contratos afectados por la reducción de la tasa de paro por debajo del 15% o la prórroga del subsidio extraordinario por desempleo) o en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, en lugar de los 55 años actuales) que resultó rechazado por el Congreso de los Diputados.

Las demás, tan importantes como la contratación y subcontratación de obras y servicios, la eliminación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos o el registro diario de la jornada, a pesar de haber sido consensuadas en la Mesa de Diálogo Social entre gobierno y sindicatos, siguen sin ver la luz, cuando lo que necesitan es una modificación urgente de su regulación.

Es más, el acuerdo alcanzado ni siquiera se ha documentado formalmente a pesar de que hemos repetido hasta la saciedad -en todos los foros, y por supuesto en la propia Mesa de Diálogo Social- la necesidad de que el gobierno, en coherencia con sus actos, proceda de inmediato, primero, a convocarnos para su firma, y, después, a trasladar su contenido a la norma.

Tiene los instrumentos legales para ello y existe una necesidad urgente ante una situación insoportable para los trabajadores y trabajadoras, con un mercado laboral caracterizado por altas tasas de temporalidad, inestabilidad, bajos salarios, subempleo y nuevas formas de explotación laboral.

De hecho, en los últimos días, tanto la Ministra de Trabajo como la Secretaria de Estado de Empleo están anunciando públicamente la intención del Gobierno de sacar un RD-Ley con algunas medidas urgentes para mejorar el mercado de trabajo y la protección social.

Desde luego esta situación debería haber cambiado hace tiempo, cuando cambió la situación económica, por lo que ya no valen solo palabras, ni promesas incumplidas. No nos valen ni a la UGT ni a los trabajadores y trabajadoras.

Pero también hemos de advertir que el contenido de ese futuro Real Decreto-Ley, del que no se nos ha facilitado su contenido, debe ser acorde con lo pactado en la Mesa de Diálogo Social en todas aquellas materias tratadas.

Cualquier otro contenido supondría un claro desprecio al diálogo social, a los interlocutores sociales que hemos participado y a los propios trabajadores y trabajadoras.

Porque reconocer, como se ha hecho, que tenemos un acuerdo en temas tan importantes y dejarlo olvidado un cajón es, cuando menos, una falta de respeto.

Hemos dedicado tiempo y esfuerzo en la redacción de unos textos que pueden contribuir a recomponer el equilibrio en las relaciones labores porque la UGT siempre ha apostado por la participación, por la negociación y el diálogo. En todos los niveles.

Pero si se nos ignora, tendremos que recurrir a los recursos menos amables que nos ofrece la ley para defender los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras.

El gobierno todavía está a tiempo de demostrar que apuesta por el Diálogo
Social y lo respeta. Pero debe hacerlo ya.

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