​Los datos de IPC, correspondientes al mes de febrero, publicados hoy por el INE, muestran un aumento de los precios un 0,1% respecto al mes anterior, situando la tasa anual en el 1,1%, cinco décimas superior a la del mes de enero. Esta subida se debe, de manera destacada, al aumento de los precios de la electricidad, frente a la bajada que tuvieron en febrero de 2017.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados y productos energéticos) se sitúa en 1,1%, tres décimas por encima del mes anterior, mientras el Índice Armonizado vuelve al 1,2% interanual que ya registró en diciembre, aumentando cinco décimas desde enero y situándose al mismo nivel que el dato adelantado de la media de la zona euro. El pasado día 1 de marzo se publicó la Contabilidad Nacional correspondiente al último trimestre del año 2017, que registra un incremento trimestral del PIB del 0,7% y un aumento interanual del 3,1%, confirmando cuatro años consecutivos de crecimiento, que, sin embargo, continúa sin reflejarse en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía.

Se crea empleo, pero es un empleo de escasa calidad y muy mal remunerado. Nuestro país se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en crecimiento de la desigualdad. Tras las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y prestaciones sociales, la mejora en el reparto de la renta continúa sin llegar. Al contrario, en 2017 las rentas salariales y las pensiones han vuelto a perder poder adquisitivo, mientras los beneficios empresariales crecen a un ritmo del 5,2% y ya superan con creces los niveles anteriores a la crisis.

A pesar del crecimiento del empleo, un 2,9% en el cuarto trimestre en tasa anual, la remuneración de asalariados ha crecido solo dos décimas, mientras el IPC ha crecido un 2% de media. Es decir, los trabajadores han perdido 1,8 puntos de poder adquisitivo.

La previsión de inflación media para 2018 se sitúa en el 1,6%. Mientras la negociación colectiva recoge un incremento salarial del 1,51% para 4.775.000 trabajadores con los datos de febrero. Es decir, que incluso las subidas salariales en negociación colectiva, que son las únicas que han mantenido un cierto crecimiento durante la crisis, reflejan una posible pérdida media de poder de compra.

Una política salarial justa y razonable

Mejorar el poder adquisitivo de los salarios es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del crecimiento económico, además de ser imprescindible para reducir las desigualdades sociales y la pobreza.

Por ello, UGT reclama en la negociación colectiva salarios mínimos de 1.000 euros al mes en cada convenio, impulsando el crecimiento de los salarios más bajos.

A su vez, el 1,6% es el incremento mínimo que deben tener los salarios en 2018. Porque no es posible que en una situación como la actual, con crecimiento económico por cuarto año consecutivo y con las empresas obteniendo más beneficios que al final de la anterior etapa expansiva, los salarios no participen de esa mejoría.

Y a ese 1,6% se le deben sumar la productividad real que generan los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, y un aumento adicional –que UGT estima en 1,5 puntos- para compensar la pérdida de más de siete puntos porcentuales que han sufrido desde 2008.

Además, el sindicato apuesta por introducir cláusulas de garantía salarial, que preserven el poder adquisitivo negociado de las posibles variaciones de los precios.

Para UGT, si no aumentamos la renta de las familias estamos en un riesgo de recesión permanente. Y sin mejorar los derechos laborales y la protección social nos alejamos no solo de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales, sino también del mundo desarrollado. Es preciso, por tanto, derogar la reforma laboral y revertir los recortes en servicios públicos esenciales.

Además, el sindicato insiste en la necesidad de aprovechar los periodos de crecimiento para fortalecer nuestra economía. Apostar por un cambio en el modelo productivo, con un decidido impulso a los sectores industriales, con un incremento del esfuerzo en I+D, pasando a un modelo basado en una industria de alto valor añadido en sectores sostenibles económica, social y medioambientalmente, que generen más empleos y de mayor calidad.