​Ante la decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles de España con la entrega de su gestión a los registradores, la Plataforma Justicia para Todos, informa que:

Actualmente, existen en España 431 Registros Civiles principales, junto a más de 7.000 Juzgados de Paz con competencias en materia de Registro Civil que van a ser privatizados por el Ministro de Justicia. Esta reforma conlleva la supresión de 3.500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia.

La privatización del Registro Civil se basa en un presupuesto falso que pretende justificarla como la única alternativa posible a los problemas del Registro Civil. El problema del Registro Civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente. Esta privatización se produce después de haberse realizado recientemente una importante inversión para su modernización, de 128 millones de euros, dinero público que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.

Sin embargo, la percepción de este servicio público por la ciudadanía tiene una valoración positiva. Es evidente que lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia no es privatizar sino invertir en medios para la ciudadanía.

Por otro lado, con esta privatización se reducirá drásticamente el número de Registros Civiles. De los actualmente existentes (uno por partido judicial y uno por cada Juzgado de Paz) a uno por provincia, uno en cada isla de Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Elimina además el Registro Civil central y las Agrupaciones y los Juzgados de Paz. Así, la privatización del Registro civil supone además el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, 0aprobada el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad el 16 de abril de 2002, y del sentido común. La proximidad y la accesibilidad dejan de ser características del mismo.

Además, los ciudadanos nos vamos a ver obligados a pagar por doble vía: por los aranceles que van a gravar a algunas inscripciones y actos del Registro Civil, y por impuestos. Hasta ahora todo ello era "gratuito". Ya lo habíamos pagado vía impuestos. A esto se une que el Ministerio de Justicia ya ha anunciado un incremento de actos inscribibles y de aranceles en los Registros de la Propiedad lo que indirectamente supone un sobrecoste para los ciudadanos.

Por último, los datos que constan en las inscripciones registrales (como los relativos al estado civil, a la adopción, al cambio de sexo….) deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. La protección de datos está garantizada por el deber de sigilo de los funcionarios sobre cuestiones relacionadas con su trabajo. La privatización supone que estos datos especialmente protegidos van a ser tratados por personas ajenas a la condición de funcionarios públicos, lo cual perjudicará a la mayoría de la población.

Ante la decisión del Gobierno de España de entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles los registros civiles y con esa decisión, eliminar más de 3.500 empleos de la Administración de Justicia y convertir un derecho de los ciudadanos de acceso a un servicio público universal y gratuito en uno con coste, la Plataforma Justicia para todos manifestamos al Ministro de Justicia y al Gobierno que:

1. El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los Registros Civiles. Y debe mantener su actual estado de servicio público, universal y gratuito.
   
2. Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro Civil sin necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta el momento desde hace muchísimos años. El Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles mantendrán su condición de servicio público y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia dotándolos de los medios personales y materiales necesarios.
   
3. El Gobierno debe comprometerse a garantizar que en los Registros Civiles todos los hechos y actos inscribibles, relativos a la situación de las personas, seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía.
   
4. En todo caso, el Gobierno debe asegurar, en la Ley del Registro Civil, todo el empleo existente en la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz, de toda España. Debe comprometerse a que no habrá amortización de plantilla de la Administración de Justicia.​