​Cientos de delegados de UGT y CCOO se han concentrado en la sede de Función Pública de María de Molina en Madrid para reivindicar la recuperación de la negociación colectiva, el empleo público y los derechos robados a los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO proponen un pacto que permita la creación de empleo neto y frenar el deterioro de la gestión de los servicios públicos. FSP-UGT ha exigido un pacto salarial en el primer trimestre de la próxima legislatura que compense la enorme pérdida salarial tras un quinquenio de recortes y congelaciones.

Carlos Álvarez, secretario del sector de Administración General del Estado (AGE) de FSP-UGT, ha subrayado que “hemos de mirar más allá del 20 de diciembre y decirle al Gobierno que salga elegido que reivindicamos un pacto social por el empleo público tras la destrucción de 400.000 puestos de trabajos en esta legislatura; queremos dar a los ciudadanos los servicios públicos que se merecen".

Álvarez ha señalado la necesidad de invertir en empleo público para potenciar el Estado de Bienestar y la profesionalidad frente al clientelismo y la corrupción. Solo de esta manera se podrán abordar las nuevas tareas que reclama la sociedad. “Estamos aquí para protestar contra la política del Partido Popular durante una legislatura que podemos tachar sin duda como la más antisocial de nuestra Democracia. Protestamos contra unas políticas que han tenido como consecuencia la destrucción drástica de empleo público y el deterioro sistemático condiciones de trabajo de los empleados públicos”.

“Este Gobierno ha destruido el modelo social que tanto tiempo tardamos en construir. Ahora que estamos en campaña dicen que nos han devuelto lo que nos habían quitado, pero sigue sancionando a los empleados públicos cuando estamos de baja, tenemos la cuarta parte del presupuesto para acción social que en la legislatura anterior y la recuperación de poder adquisitivo es inexistente” ha afirmado Álvarez durante su intervención en el acto.

UGT reclama también una Ley reguladora de la Formación Profesional en la AGE tal y, como dicta el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 6, una ley que consolide definitivamente la necesaria democratización de las relaciones laborales y sirva, además, para impulsar una serie de mejoras socioeconómicas y profesionales (carrera horizontal, complemento IT, etc.).

UGT y CCOO han acordado formalizar la denuncia del III Convenio Único del Personal Laboral de la AGE el 15 de diciembre y han pactado los objetivos fundamentales que pasan por la recuperación de las tablas retributivas vigentes en mayo de 2010 (5% de incremento salarial) fijando un mínimo de 1200 € al mes, una nueva clasificación profesional conforme al EBEP y la consecución de otras reivindicaciones como la jornada de 35 horas o la jubilación parcial. Este Convenio afecta a los 50.000 laborales de la AGE.