​A finales de otoño tendremos cita con las urnas. Con seguridad, no los únicos, pero sí los más graves problemas que nos preocupan son, con diferencia, el paro, la volatilidad del empleo que se crea y el aumento brutal de la desigualdad social, como consecuencia del empobrecimiento de las denominada clases medias -más del 80% de la clase trabajadora-.

En torno a la erradicación de estas lacras, y a la creación de empleo suficiente, de calidad, bien retribuido y con derechos, deberían girar los programas políticos, junto al objetivo de mejora radical de la capacidad de innovación tecnológica -de arriba abajo-, y no tecnológica -de abajo a arriba-, garantizando la participación colectiva de los trabajadores de las empresas españolas, con prioridad a las pymes, como motor, junto a la reindustrialización y la reforma energética del cambio de modelo productivo.

La reducción de las desigualdades es un objetivo social y económico de primera magnitud, afirma el colectivo economistas frente a la crisis, para evitar el empobrecimiento de la demanda y asegurar una estructura de consumo diversificada que asegure el crecimiento y el empleo.

Para combatir la desigualdad vinculada a la pobreza de origen laboral, la prestación de ingresos mínimos que defendemos, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), UGT y CCOO es una fórmula adecuada para rescatar a las personas que padecen esta situación.

Una de las expresiones de la desigualdad a la que hay que prestar especial atención es la brecha digital que, es al presente, lo que fue el analfabetismo al pasado y que afecta de forma transversal a la economía, la sociedad y el territorio.

En España no se está aprovechando las oportunidades que ofrecen las TIC, ubicándonos a la cola de Europa en hogares con acceso a Internet.

En la actualidad, solo el 23% de las empresas ofrece formación en Nuevas Tecnologías y solo el 28% de los empleados ha recibido, en el último año alguna formación en Internet.

Los parados españoles están en los puestos inferiores de la UE en el uso de Internet para encontrar trabajo. Sin embargo, a medio plazo, el 90% de los puestos de trabajo necesitarán conocimientos y habilidades en TIC.

El padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, en el acto cívico de homenaje a los mayores que concelebramos en la sede de UGT a finales de julio, traía a colación estas sabias palabras del papa Francisco: “Un pueblo que no cuida de los abuelos, que no les trata bien, es un pueblo que no tiene futuro”. Esta afirmación es muy oportuna porque, como consecuencia de la evolución del gasto en pensiones de la Seguridad Social, de la merma del Fondo de Reserva y de la caída de ingresos por cotizante, por la mala calidad del empleo que se genera, vuelven a sonar tambores ¿de guerra? respecto a la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.

Ya se sabe que sostenibilidad y recortes suelen ir de la mano. Pero si es prioritario el bienestar de los mayores para nuestra sociedad hay que encontrar una tercera vía entre el cálculo y el caos, descartando escenarios lúgubres de recortes sobre pensiones, en sí muy modestas, y definiendo nuevas fuentes de financiación de las pensiones (previsión del Acuerdo de Pensiones 2011), complementarias del factor trabajo y vinculadas a la evolución de la riqueza del país.

Las propuestas deben, necesariamente, cohonestarse con nuestra pertenencia a la eurozona, siendo conscientes de que hay que cambiar la orientación social y económica en la UE hacia el empleo de calidad y la preservación del Modelo Social en una economía sostenible, pero asumiendo que nos desenvolvemos en un escenario de soberanía compartida, en el que las decisiones, en importantes aspectos, no pueden ser unilaterales.

Lo sucedido en Grecia, donde el Gobierno ha acabado por aceptar lo contrario del resultado del referéndum convocado por él mismo, es muy esclarecedor frente a las tentaciones demagógicas de nacionalismos populistas de cualquier signo.

El referéndum griego y las medidas posteriores de Tsipras me empujan a analizar con otra mirada las decisiones del presidente Zapatero en 2011. Sigo sin compartir el contenido de las mismas, pero su actitud de tomar una decisión democrática, asumiendo personalmente las consecuencias políticas, para no generar falsas expectativas y aún más frustración, vista en perspectiva, es más limpia y congruente que lo acontecido en Grecia.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.