​La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha abogado por cambiar las políticas y las leyes para garantizar el #trabajodecente en España, porque somos uno de los países donde más ha crecido la desigualdad y la pobreza.

Antoñanzas,  que ha participado en una asamblea de delegados en Zaragoza, con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y, posteriormente, ha asistido a una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, ha manifestado que el empleo digno debe ser una prioridad, que hay que derogar las dos últimas reformas laborales (que han fomentado la precariedad) y restablecer el equilibrio en la negociación colectiva.  “Las cuentas de resultados de las empresas no pueden engordar a costa de las condiciones de trabajo, ni se pueden cuadrar las cuentas públicas en base a las condiciones laborales de los empleados públicos o de recortar la financiación de servicios y prestaciones públicas esenciales”.

La Vicesecretaria General de UGT ha alertado sobre una precariedad “que se renueva y se reinventa”, a través de fórmulas como la deslocalización, la subcontratación, las empresas multiservicios o las nuevas formas de trabajo colaborativo, que utilizan plataformas tecnológicas para subcontratar tareas a trabajadores sin contratos, ni convenios, ni ningún tipo de protección.

En este sentido, ha recordado la demanda sindical de garantizar por ley que las empresas que subcontratan sean responsables subsidiarios de los salarios y la protección social de los trabajadores de las empresas subcontratadas; exigir a las empresas que utilizan cadenas de suministros que todos sus proveedores mantengan condiciones de empleo decentes y establecer, también por ley, que en la contratación pública se exija a las empresas de quienes adquieren bienes o servicios el respeto a los convenios colectivos aplicables y condiciones de trabajo decente. Una exigencia que se extiende también a las franquicias y filiales de las grandes empresas, tanto de nuestro país como en el extranjero.

Antoñanzas ha destacado, además, la necesidad de establecer en nuestro país una Prestación de Ingresos Mínimos para combatir la pobreza y la desigualdad, la necesidad de que los salarios ganen poder adquisitivo, fijar un SMI de 800 euros en 2017, con subidas paulatinas en la próxima legislatura  y que el Gobierno garantice los derechos de los trabajadores temporales modificando el Estatuto de los trabajadores y dando cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justica de la UE, que señalan la discriminación y el abuso en la contratación temporal en nuestro país.

Por último ha exigido la derogación de la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal, que tratan de coartar la protesta social y el derecho fundamental a la huelga.