​La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT forma parte, ha querido visualizar la situación laboral de los jóvenes europeos en el marco de la campaña, iniciada en el mes de febrero y que se extenderá a lo largo de este año, para demandar un aumento salarial generalizado para todas las trabajadoras y trabajadores de la UE.  En este sentido, ha elaborado un comunicado en el que constata el aumento de la temporalidad y de la precariedad de los jóvenes durante los años de crisis, de 2008 a 2015.

La CES denuncia que los jóvenes están más afectados por la temporalidad que los adultos (en 2015, un 43,3% de jóvenes de la UE, de 15 a 24 años, tenía un contrato temporal,  frente al 14,1% del total de los trabajadores). Sin embargo esta  proporción se elevó a un 75% en Eslovenia, un 73% en Polonia, un 70% en España, un 67% en Portugal y un 53% en los Países Bajos. Además, aunque el denominador común  es que el empleo temporal sirva de plataforma para conseguir un empleo fijo, en una gran parte de los casos no es así. Esto ocurrió a un 78% de los jóvenes en España y a un 82% de los jóvenes en Chipre.

Asimismo, las trabajadoras y trabajadores menores de 24 años se ven más afectados por los contratos parciales (representando a un 32% de los trabajadores a tiempo parcial de la UE, en 2015). Este porcentaje se superó ampliamente en los Países Bajos (con un 80%), en Suecia (49%) y en España (37.9%).

Más de la mitad de los jóvenes que trabajan a tiempo parcial en Grecia, España, Francia, Italia y Chipre aceptaron un trabajo a tiempo parcial, porque no pudieron encontrar un trabajo a tiempo completo.

La CES denuncia además otras formas de precariedad que se ocultan de las estadísticas oficiales, como los contratos de Cero Horas en Reino Unido (905.000 jóvenes menores de 24 años accedieron a este tipo de contrato en 2016, esto es alrededor el 8,3%), o la proliferación del llamado “falso autónomo”.

Asimismo, destaca el uso de contratos comerciales, que eximen al empresario, en algunos casos, de sus obligaciones legales, como el pago de seguros, el derecho a vacaciones pagados o la protección laboral (esto afecta a un número importante pero no cuantificado de trabajadores jóvenes).