​El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular para la Prestación de Ingresos Mínimos por 176 votos, frente a 163. Se inicia así la tramitación parlamentaria de la norma que han impulsado las organizaciones sindicales con 700.000 firmas  y que ha sido respaldada por la mayoría de los parlamentarios

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, previo a la votación y durante el debate parlamentario, ha afirmado que “salimos del Congreso de los Diputados satisfechos porque, a tenor de lo que hemos escuchado, la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos, va a salir adelante. Y esta es una cuestiones que más nos preocupa y, sobre todo, que más preocupan a las ciudadanas y ciudadanos”. Se trata de establecer un mínimo para paliar la situación de “absoluta miseria” que viven centenares de miles de familias en nuestro país y millones de personas.

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Álvarez ha hecho estas declaraciones tras asistir a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que tomará en consideración la “proposición de ley de Iniciativa Popular para establecer  una Prestación de Ingresos Mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social”.

El Secretario General de UGT ha manifestado que los argumentos en contra, sobre que hay problemas económicos y presupuestarios, “se caen por sí solos”, porque no es posible que haya dinero para rescatar a la banca o se gasten 5.000 millones para rescatar a las radiales, pero no a personas que no pueden hacer tres comidas al día.

En este sentido, ha afirmado que “ha faltado sensibilidad”, tanto en el discurso del PP como en el de Ciudadanos, porque esta cuestión va más allá de la política, no pertenece a ningún partido, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a nadie. Ha sido presentada por los sindicatos, pero cuenta con el respaldo de 700.000 personas, que “merecen un respeto”.

Asimismo, ha calificado de “cínica” la postura de Ciudadanos que, por un lado, propone rebajar el número de firmas para presentar iniciativas legislativas populares y, por otro, no respalda esta Iniciativa que cuenta con un apoyo tan mayoritario. Además argumenta una cosa en el Congreso distinta a la que plantea durante la campaña.

Por último, ha dicho que aunque esta ILP es bastante realista, cualquier modificación que pueda hacerse, si hay margen en el Congreso, debe ser para mejorarla.

Esta prestación debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y está dirigida a personas con disponibilidad para trabajar que carecen de empleo y recursos económicos para sí, y en su caso para los familiares a su cargo. La cuantía estimada es de 426 euros, equivalente al 80% del IPREM (cuantía que aumentaría en función de los componentes de la unidad familiar) y debe durar mientras se mantengan las condiciones que den acceso a la prestación. Se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas (2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a los 11.000 millones de euros.

Además, se debe financiar vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, y sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social, o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.