​El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y al Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), Miguel Ángel Cilleros, se reunieron en el día de ayer con Rubén Ranz y José Manuel Nogales, encausados por ejercer su derecho a huelga en 2012 y para los que el fiscal pide una pena de 7 años de prisión, con el fin de reiterarles el total apoyo de la organización.

La Unión General de Trabajadores volvió a incidir en el día de ayer en las movilizaciones convocadas en todo el país en la necesidad de derogar el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho fundamental de huelga, un pilar básico de las relaciones laborales modernas que, durante los últimos años, algunos poderes públicos, con la Fiscalía al frente, han convertido en objetivo de persecución, criminalización e intervención administrativa.

Además, exige la retirada de todos los cargos a los cientos de sindicalistas investigados por ejercer este derecho constitucional, más aún tras el varapalo que sufrió el Gobierno la pasada semana, cuando el Congreso aprobó derogar o modificar sustancialmente la Ley Mordaza, base de todo este proceso persecutorio.