La debilidad de los precios en España, tras los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), refleja que la economía se recupera en términos macroeconómicos (crece al 3%), pero no en términos sociales, pues no llega a las familias. Persiste un alto nivel de paro y desprotección, el empleo cada vez es más temporal y precario y la devaluación salarial es abrumadora (el 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran un sueldo inferior al Salario Mínimo Interprofesional). Desde 2009, los hogares han perdido más del 13% de su renta y casi un 30% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para revertir esta dramática situación es fundamental mejorar la calidad del empleo y de las rentas del trabajo. Esto exige la retirada de las reformas laborales de 2010 y 2012, recuperar el papel protagonista de la negociación colectiva, donde se gesta la distribución primaria de la riqueza,  el incremento de salarios (en el sector privado y público), el aumento del SMI (que debe alcanzar los 800 euros en 2017 y contemplar aumentos progresivos hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea) y reforzar el sistema de protección social a todos los niveles.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual aumentó tres décimas, hasta el 0,2%, mientras que la variación mensual de los precios ha caído una décima, y se sitúa en el 0,0%. La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, desciende una décima y se sitúa en el 0,8%, seis décimas por encima de la general. Por su parte, en el mes de septiembre la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) se sitúa en 0,0%, cuatro décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que aumenta hasta el 0,4%, según el dato provisional.

La debilidad de los precios en España no es sino el reflejo de una economía que se recupera en términos macroeconómicos, creciendo al 3%, pero no en términos sociales. Tal y como ha subrayado la OIT en su informe “Estado del trabajo decente en el mundo 2016", una recuperación económica sostenible no es posible sin recuperación social y sin la mejora del empleo. En este sentido, señala que la política económica más inteligente de España sería subir salarios, tal y como viene demandando la Unión General de Trabajadores.

En esta economía que crece al 3%, persisten altos niveles de paro y de desprotección. El crecimiento no se compensa con la creación de empleo de calidad (menos del 5% de los contratos registrados son indefinidos y a tiempo completo) ni con la mejora de las prestaciones por desempleo (con una tasa de cobertura que deja fuera al 42% de los desempleados). Sigue produciéndose un abuso injustificado de la contratación temporal y a tiempo parcial involuntaria; aspectos que, junto a la moderación salarial, están conduciendo a la economía y la sociedad hacia un modelo de desarrollo desequilibrado.

Hay millones de personas en nuestro país que siguen teniendo enormes dificultades para afrontar los gastos esenciales de una vida con un mínimo de dignidad. Y tener empleo no es garantía de conseguirla. La devaluación salarial es abrumadora. El 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Más de 3,6 millones de trabajadores cobran salarios menores que la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al salario mínimo.

Los sistemas de protección por desempleo ya no sirven para nada a la mitad de los trabajadores en paro, porque no les dan cobertura. Según los últimos datos del SEPE, el número de beneficiarios de prestaciones en agosto reflejó una nueva caída anual del 10%, que acompaña al descenso del gasto (-9,3%) y al de la tasa de cobertura, que se sitúa en el 58,2%. Sólo hace falta recordar que, desde 2009, los hogares han perdido más del 13% de su renta y que casi un 30% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social.

Por tanto, la mejora de la calidad en el empleo y de las rentas del trabajo, en este contexto, es fundamental para afrontar el ciclo económico en el que entramos. Ciclo que exige nuevas políticas de distribución para lograr la sostenibilidad económica y social del crecimiento. Llegó la hora de que todos participemos de ese crecimiento. Incluidos todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque el ajuste de salarios ya se ha hecho. Ahora toca repartir la riqueza y no seguir empobreciendo a los más débiles.

El reparto justo de la riqueza para todos depende de que se genere más y mejor empleo (lo que exige la retirada de las reformas laborales de 2010 y 2012), de que aumente el salario mínimo a un nivel digno (al menos a 800 euros en el primer año), de que aumenten los salarios públicos, de que se mejore el sistema de prestaciones por desempleo, y de que se establezca una Prestación de Ingresos Mínimos para los trabajadores que quieren trabajar y no pueden, y que no perciben ya ninguna prestación, como hemos pedido UGT y CCOO, recogiendo 660.000 firmas para que sea debatido en el Parlamento.

El objetivo es que los trabajadores y las trabajadoras ganen calidad de vida, y para ello la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, debe recuperar su papel protagonista. Porque sin salarios dignos, ni habrá recuperación económica sostenida, ni habrá mejora del bienestar de la mayoría de la población española, ni un crecimiento económico equilibrado, justo  y sostenible en España.