​La Unión General de Trabajadores denuncia que entre 2010 y 2016, el presupuesto en prestaciones por desempleo se ha reducido casi un 37%, mientras el desempleo no ha sufrido grandes variaciones. Además, tanto en 2014 como en 2015 se cierran con menos del 85% de ejecución del presupuesto, por lo que un total de 8.600 millones de euros se dejaron de distribuir entre las personas desempleadas, en un periodo en el que la tasa de cobertura descendió más de 6 puntos.

Para el sindicato, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 deben ser responsables con los trabajadores y adecuar las partidas presupuestarias y su ejecución a las necesidades reales de las familias. Las partidas de gasto en prestaciones por desempleo deben ejecutarse, garantizando la protección de las personas en paro.

En este sentido, UGT ha denunciado reiteradamente que el criterio que se utiliza para reducir el gasto en prestaciones es puramente económico, y el Gobierno ha realizado el presupuesto ajustando según una previsible reducción del número de beneficiarios, pero este descenso de beneficiarios no es consecuencia  del menor número de desempleados, sino del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, al agotamiento de los periodos de prestación por la extensión del paro y al descenso de las cuantías recibidas.

El sindicato considera que estas políticas están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, los altos niveles de desempleo y precariedad están provocando una reducción de las rentas: desde 2010, los hogares han perdido un 12% de su renta y, en la actualidad, el 28,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 2,5 puntos por encima que hace seis años.