​En 2017 ha continuado el crecimiento económico registrado por nuestro país durante los últimos tres años. Un crecimiento fundamentado, entre otros factores, en un mercado laboral altamente precarizado que está provocando una injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad, un incremento de las desigualdades (sobre las que han alertado ya distintos organismos internacionales) y que compromete la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

Mientras que la Comisión Europea considera que la situación de España es “crítica” en materia de desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre, nuestra tasa de trabajadores pobres es una de las más altas de Europa con el 13,1%, y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 28%), el Gobierno de Rajoy se escuda en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo, ignorando todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo. 

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