En este año, en el que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, no puedo dejar de hacer una similitud entre el “caballero de la triste figura, con el semblante, que ofrece en nuestro país, la protección a la dependencia.
La crisis que estamos viviendo ha diezmado nuestro sistema de protección social, pero especialmente la protección a la dependencia. Una protección que para muchos de nuestros dependientes y sus familias se ha convertido en una parodia.
La Unión General de Trabajadores recuerda que durante la legislatura anterior, el Gobierno desmanteló la Ley de Dependencia recortando su presupuesto y limitando el acceso a ayudas, prestaciones y servicios a los beneficiarios. El sindicato denuncia que se ha pasado de un sistema de protección garantista a uno asistencialista que no tiene en cuenta las necesidades de los dependientes y sus familias y, en muchos casos, les abandona a su suerte.
Las políticas de austeridad y recorte han traído como consecuencia un aumento de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país. 12,8 millones de personas están en riesgo de pobreza y más de 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Por ello, UGT reclama un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, a través de una ley que garantice y reconozca una protección social universal.
Para UGT es esencial que el próximo Gobierno se comprometa a desarrollar un plan estatal de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que asegure la alimentación básica y el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción de las personas sin recursos, así como el acceso a derechos fundamentales como la educación de calidad, la protección universal de la salud, la protección de la vivienda evitando su pérdida o el estableci
La Unión General de Trabajadores reclama la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue innecesaria y desequilibrada y que introdujo restricciones a la política económica que pueden afectar a la cohesión social y a las capacidades de desarrollo del país. Además, es necesario introducir en el texto constitucional un compromiso de gasto social destinado a financiar los servicios públicos fundamentales y aumentar progresivamente este gasto para acercarnos a los países de la UE.
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