Más de un millón de desahucios ejecutados desde 2008 y un incremento de los precios del alquiler de hasta el 50% hasta 2019 exigen una ley más completa y eficiente. El Gobierno no incorpora las propuestas de UGT, que pasan por impulsar un plan ambicioso para consolidar un parque público de viviendas suficiente que erradique los graves problemas que existen en nuestro país en esta materia