​El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha exigido la revitalización de las políticas públicas de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), con una mayor implicación de la Administración Pública "tanto en su papel de organismo de tutela, como de control de sus proveedores y contratistas, además de elaborar sus propios informes de sostenibilidad".

Gonzalo Pino ha realizado estas declaraciones en la II Jornada de RSE de Castilla y León, donde ha señalado que el Gobierno "debe definir criterios que permitan a las empresas adaptar su estrategia, políticas y modelos de gestión en RSE para mejorar un desempeño más equilibrado entre las dimensiones económica, social y ambiental. Hay que recuperar la perspectiva de una economía al servicio de la sociedad, más solidaria y cohesionada".

En este sentido, ha demandado que sea el Consejo Estatal de RSE, "como foro de diálogo y desarrollo, el que, junto con el Observatorio de RSE, aborde el impulso de una verdadera revisión de las políticas de Responsabilidad Social en las Empresas", ya que en los últimos años las expectativas en esta materia han quedado un tanto paralizadas.

Por un lado, "por la obstrucción de CEOE, que mostraba una actitud ajena a la RSE, distanciándose de los acuerdos y documentos surgidos del propio Consejo Estatal; por la pasividad de la propia Administración, mostrando una ausencia de criterios en esta materia y no haciendo nada ante la paralización, por parte de las empresas, del Consejo; y por la poca o escasa exigencia desde el campo normativo hacia las mismas".

Todo ello ha producido que "se haya detectado un empobrecimiento generalizado de la gestión de la RSE en las empresas, sobre todo en las del IBEX-35, que ha ido de la mano del deterioro de las relaciones laborales".

Por ello, Pino ha demandado la necesidad de que tanto el Gobierno como las empresas se impliquen más en la revitalización de las políticas en RSE, con el fin de que "se consiga mantener la rentabilidad de las actividades económicas, los intereses de los accionistas y el empleo, y los principios del bien común que deben presidir las actividades social y ambientalmente responsables".