​La Unión General de Trabajadores considera inaceptable el traslado de extranjeros llegados hace unos días a nuestro país al futuro centro penitenciario de Archidona, en Málaga, sin que el mismo cuente con los servicios necesarios para atender, conforme a la legislación vigente, a las personas internadas.

Para UGT, esto supone un hacinamiento y quebrantamiento a los derechos humanos de estas personas por parte de un Gobierno irresponsable que opta por la política de no poner a disposición los servicios necesarios porque considera que los mismos serían "un efecto llamada". Desde la firma del Acuerdo UE-Turquía y el posterior apoyo económico a países como Libia para actuar como contención de las personas que intentan llegar a Europa, era previsible que las vías de entrada se trasladarían a España. Un Gobierno responsable y con miras en el largo plazo, habría adoptado las medidas necesarias para hacer frente a esta situación. Sin embargo, no ha sido así.

Además, en el caso de los mecanismos y políticas en materia de asilo y refugio, a la falta de cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento se añade la ausencia de cambios en la política de asilo, con uno de los índices más bajos de concesiones de la Unión Europea y sin modificar un sistema preparado para dar acogida a menos de 4.000 personas que ahora ha de asumir a más de 15.000 cada año.

Por todo ello, la Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno:

• Que se garanticen, de forma inmediata, todos los derechos y servicios reconocidos a los extranjeros trasladados al futuro centro penitenciario de Archidona.
  
  
• Que los Centros de Internamiento de Extranjeros, se doten de medios materiales y humanos necesarios para que se cumpla la normativa vigente y garantizar los derechos tanto de las personas internadas en los mismos como de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en los CIES.
  
  
• Que el Gobierno asuma su responsabilidad, en el largo plazo y no solo con medidas excepcionales, para hacer frente a una política equivocada de la Unión Europea que tiene como resultado el incremento de personas que tratan de llegar a España arriesgando su vida y cuyos derechos deben ser garantizados.
  
  
• Que, en materia de asilo y refugio, es necesario un cambio de política basada hasta ahora en el retraso en la resolución de solicitudes y la denegación de las mismas. Esto implica para la Unión General de Trabajadores, una modificación del sistema público de acogida de solicitantes de asilo, incrementando los dispositivos de carácter público y, tal como recomiendan tanto la Comisión Europea como la Organización Internacional del Trabajo, negociando con los interlocutores sociales, entre otros, fórmulas para una rápida inserción laboral y el establecimiento de procedimientos rápidos de homologación de títulos y experiencia profesional, tanto para ellos como para el resto de extranjeros.
  
  
• ​Que, en materia de extranjeros en situación administrativa irregular, entre ellos, muchos que acaban en Centros de Internamiento, el Gobierno tiene que abordar con los interlocutores sociales la mejora de los procedimientos de acceso a la documentación de aquellos que trabajan de manera irregular, o son víctimas de trabajo forzoso o explotación laboral. Todo ello en el marco del Protocolo 2014 al Convenio de Trabajo forzoso de la OIT.